Estamos en dictadura. Cada día el gobierno se encarga de recordarlo. Los actos inconstitucionales denuncian al régimen y la conducta de los jefes autoritarios que se han apropiado de Venezuela.
Con el asesinato del principio de la separación de los poderes, el cerco presupuestario a la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición, el encarcelamiento de los adversarios, torturas y maltratos a los presos políticos, persecución a la libertad de prensa y opinión, insulto a las instituciones que son elementos constitutivos de nacionalidad como la Iglesia Católica, Nicolás Maduro y sus secuaces han liquidado la democracia en Venezuela.
No puede pretender la oposición venezolana, la opinión pública internacional que el régimen sea como las dictaduras militares de los años cincuenta de la pasada centuria. Los métodos cambian y se sofistican. La conclusión es la misma: un país donde un hombre ejerza todos los poderes es una dictadura.
La vocación pacifista del pueblo venezolano va llegando a su fin. Estamos a punto de que la amplia mayoría que adversa este gobierno, escoja los caminos de la desobediencia civil, la resistencia y la clandestinidad. No deseamos para este país ni la calle violenta, ni la guerrilla fratricida. Cada amenaza del dictador Maduro a la sociedad civil es un escalón a ese sombrío panorama que nos espera.
Al igual que en enero de 1958, los Colegios Profesionales han comenzado a pronunciarse. El Manifiesto de los Colegios de Abogados y de las instituciones conexas con el mundo jurídico no solo denuncia las violaciones a la Constitución Nacional, sino que insta valientemente a desconocer desde los palacios de justicia a los magistrados del Tribunal Supremo y sus sentencias.
Precedida por el hambre, la falta de medicinas, inseguridad, galopante corrupción de los jerarcas del régimen y la camarilla militar que lo respalda, han conformado una realidad que grita al cielo. No aguantamos más. Maduro es una vergüenza nacional insoportable. Jefes de Estado, ex presidentes y primeros ministros, el secretario general de la OEA, organismos internacionales, cardenales, escritores, premios nobel, superiores de órdenes religiosas, eminentes economistas, médicos y juristas, cantantes, artistas de cine y televisión, periodistas, rectores de universidades, candidatos presidenciales, de todo el mundo han denunciado a la satrapía venezolana como violadora de los derechos humanos y antidemocrática.
Lo que no se explica la comunidad internacional es cómo una minoría iletrada, una soldadesca corrompida, unos magistrados descarados, puedan imponerse a todo un pueblo. Lo explica el terror de Estado, las bayonetas, respaldo del narcotráfico, mezquinos intereses de gobiernos parásitos responsables de la quiebra de Venezuela y la cárcel de la legalidad que no ha sido distinguida de la legitimidad y el desconocimiento de los textos bíblicos que justifican el fin de la bestia.
