Desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional, el revocatorio tiene viabilidad, expresa la Dra. Nancy Rodríguez de Rodríguez, expresidenta de la Comisión Evaluadora de Jueces de la República, al ser entrevistada por EL IMPULSO.
Primero, porque fue activado dentro de los lapsos que establece la ley; segundo, hay un número necesario que fijó el Consejo Nacional Electoral, del uno por ciento, para hacer la solicitud; y, evidentemente, ahora cuando han sido fijadas las fechas para recoger el 20 por ciento de manifestaciones de voluntades, seguramente más de ese porcentaje concurrirá a los centros que se establezcan para confirmar ese deseo de revocar al jefe del Ejecutivo nacional.
Sin embargo, nos preocupa la cantidad de obstáculos que ha puesto el oficialismo para que este revocatorio se haga realidad, no sólo que está materializado en cada uno de los hechos que estamos presenciando, sino que en todas y cada una de las declaraciones que dan desde el Presidente de la República hasta el más humilde de los dirigentes del partido oficialista.
Esto es inaudito, insólito, quien menos puede y debe opinar acerca de que se revoca o no su mandato es precisamente Nicolás Maduro. Ni siquiera por razones éticas, sino por motivos políticos. Porque cada vez que él manifiesta que no habrá revocatorio está poniendo en evidencia que tiene un gran temor de que su mandato va a ser revocado. Si él estuviera seguro y claro de que tiene suficiente apoyo y puede ser ratificado en el cargo, más bien instaría a que se hiciera el referendo.
Los venezolanos debemos seguir ejerciendo nuestro derecho, independientemente de las decisiones que en los últimos meses ha venido tomando la Sala Constitucional, que lamentablemente pone en evidencia que no hay división de poderes en el país.
Hay un solo poder, que ni siquiera es ejercido por el Presidente, sino por un partido político con algunas directrices internacionales, que van desde los intereses políticos hasta los económicos propios del capitalismo internacional como de naciones poderosas que tienen la vista puesta en las riquezas mineras, no petroleras. Más allá de eso, la decisión de que el 20 por ciento de las manifestaciones de voluntades debe ser en todos los estados es inconstitucional e ilegal. La elección del Presidente es la jurisdicción nacional.
