Acabo de volver a ver en Youtube el vídeo de Alfredo Peña, en su campaña camino a la alcaldía metropolitana en el año 2000. “Plomo cerrado al hampa. Que se pudran en la cárcel”, fue el lema completo del recientemente fallecido periodista y ex alcalde de Caracas. Aquello se sintetizó luego, y aún recuerdo el grafiti en alguna que otra pared de la capital, como “plomo al hampa”. Frase símbolo devenida hoy en política de Estado de la mano del gobierno de Nicolás Maduro.
Peña no le dio mucho plomo al hampa, en verdad, ni tampoco mandó a la cárcel a mucha gente. El primer alcalde metropolitano de Caracas primero estuvo bajo el ala de Hugo Chávez y luego montó tienda aparte. Mientras estuvo con Chávez se le hacía materialmente imposible aplicar alguna medida de mano dura contra la delincuencia, porque en verdad el chavismo jugaba (y jugó durante muchos años) con la idea del laissez faire en materia de inseguridad ciudadana.
Se pensaba que una delincuencia fuerte era un mecanismo de control sobre la clase media y alta. Y posiblemente lo fue así. Pero la delincuencia en Venezuela también se organizó e independizó, pasando a ser una suerte de fuerza autónoma, ante los cuales los agentes policiales lucen en clara desventaja. La serie de atentados con explosivos militares contra estaciones de policía, en varios estados del país, evidencian que la delincuencia se le fue de las manos al gobierno.
Conocí, en los 90, a diversos defensores de derechos humanos en una época en la cual se hicieron comunes los “enfrentamientos”. De aquella época me hice lector de los partes periodísticos que daban cuenta de los operativos. En aquellos años, algunos de estos defensores de derechos humanos –hoy en posiciones del poder- aprendí a sacar algunas cuentas que dejaban en evidencia la existencia de una política de exterminio en los barrios.
Los policías decían que había habido un enfrentamiento en el cual milagrosamente ningún policía salida herido. Por aquel tiempo entidades defensoras de derechos humanos aplicaron la aritmética para sostener que no era creíble la supuesta efectividad de los uniformados en esos enfrentamientos.
Aquello ya era, en aquel momento, lamentable y preocupante en materia de derechos humanos. Y acá voy con un tema álgido. También los delincuentes, por más sanguinarios que sean, tienen derechos humanos. Si se le otorga la licencia para matar a policías y militares, en una política que aparentemente sólo busca la limpieza social, limpiar la calle de los delincuentes, se les está otorgando un poder inmenso a los uniformados.
La experiencia histórica nos demuestra que esas acciones, aparentemente acotadas de plomo al hampa, no pocas veces han terminado en escuadrones tan peligrosos como las bandas a las que supuestamente buscaban erradicar. Con el agravante de que al portar uniforme pueden actuar con mayor impunidad.
Ha operado un cambio en el lenguaje. Hoy a las redadas masivas en los barrios, en las cuales se llevan a todos por el hecho de vivir allí, se les llama Operación de Liberación del Pueblo. No son más que las acciones en las cuales las fuerzas policiales y militares (ya que en muchas ocasiones actúan conjuntamente) se convierten también en jueces, ya que sentencian y ejecutan a muerte, cuando esa pena no existe en Venezuela.
Hoy altos funcionarios del régimen, como el ministro del Interior Néstor Reverol, ni siquiera cuidan su lenguaje. Dice el alto funcionario que unos “delincuentes” (ya se dejó de usar la presunción de inocencia) fueron “dados de baja” (como si habláramos de una guerra).
Enfrentar genuinamente a la delincuencia en Venezuela implica acciones que vayan mucho más allá de los operativos de las OLP. Hay que depurar al sistema de justicia y al sistema penitenciario. Llegar a un barrio y “dar de baja” a 19 ó 21 (presuntos) delincuentes sólo le sirve al ministro para posicionarse públicamente, no nos dejemos engañar.
La existencia de cuerpos policiales y militares acostumbrados a llegar a cualquier barrio sin una orden judicial y matar personas por decenas, llevarse a otros tantos ciudadanos por centenares (para luego soltar a la gran mayoría horas después al no tener ningún delito del cual acusarles), no será ninguna solución, al contrario será otro problema al que habrá que hacer frente una vez que este régimen llegue a su fin.
