La oposición venezolana restó importancia este martes a un fallo judicial que torna más compleja la recolección de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Henry Ramos Allup, titular del Parlamento de mayoría opositora, previó que se recogerán «bastante más» rúbricas de las exigidas por el consejo electoral. «Eso es lo que los tiene preocupados», dijo en rueda de prensa, refiriéndose al oficialismo.
Ramos Allup lanzó su vaticinio al referirse a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según la cual la oposición deberá recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los 24 estados del país, del 26 al 28 de octubre.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechaza tal exigencia, señalando que la ley pide el 20% del registro electoral de todo el país y no por regiones, con lo cual debe aportar unas cuatro millones de firmas.
Pero el fallo determina que con solo un estado que no cumpla la meta, el proceso hacia la consulta popular quedará anulado.
El diputado reiteró la denuncia de que el TSJ y el órgano electoral son apéndices del gobierno.
«En todos los estados hay mucho más del 20%» requerido, estimó por su parte Carlos Ocariz, coordinador de la campaña por el revocatorio, mientras el jefe del bloque legislativo de la MUD, Julio Borges, afirmó que la oposición daba por descontada la sentencia.
Ocariz sostuvo que el apoyo al referendo será mayor a las «limitaciones» del poder electoral, «la sentencia del TSJ y las persecuciones del Sebin (servicio de inteligencia)», en alusión a una denuncia que lo vincula con un atentado con granada, el pasado 2 de octubre contra un puesto militar en Caracas que dejó 17 heridos.
Alcalde de un municipio del área metropolitana de Caracas, Ocariz se negó este martes a asistir a una citación que le había hecho el Sebin.
La oposición considera que estas diligencias deben realizarse en la fiscalía y no en la «policía política», y atribuye la acusación a un intento de afectar el referendo.
«Quieren desarticular nuestros preparativos poniendo preso a nuestro jefe de comando de campaña, Carlos Ocariz», denunció Ramos Allup.
Esta citación «es para desanimarlo. Ya no hay investigación, sino jurisdicción militar, donde no hay defensa», agregó el jefe parlamentario, él mismo enfrentado a una denuncia de la canciller Delcy Rodríguez por «traición a la patria».
