El 5 de abril de 1992, el Presidente peruano Alberto Fujimori disolvió el Congreso, hasta entonces dominado por el opositor APRA y la coalición FREDEMO (que había apoyado la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa), en vista de la negativa del poder legislativo para concederle amplios poderes para reorganizar el Estado y luchar contra el terrorismo de Sendero Luminoso que ensangrentaba al país.
Montado sobre la ola de la antipolítica, y con un apoyo mayoritario de la población, el presidente Fujimori implementó unas controvertidas bases de un gobierno de emergencia nacional que le permitieron gobernar sin contrapesos e instaurar el autoritarismo en el país andino, hasta su hui a Japón en el año 2000.
En nuestro país, numerosos estudiosos de la política han encontrado paralelismo entre el Fujimorazo y las recientes actuaciones del Ejecutivo venezolano en contra de la Asamblea Nacional, siendo la última, la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ que permite al Presidente auto aprobarse el presupuesto nacional sin pasar por el órgano legislativo.
Constitucionalmente, corresponde a la Asamblea Nacional elaborar la Ley que regirá al presupuesto nacional, el cual debe ser presentado por el Ejecutivo en el mes de octubre a fin de que sea estudiado y debatido para ser aprobado en el mes de diciembre. El parlamento ejerce así su función contralora y esto permite la continuidad del juego democrático, en el entendido que los recursos del Estado no pertenecen al Presidente de la República, y por tanto no puede disponer de ellos a su antojo.
Este hecho no se puede ver como aislado, sino como parte de una cadena de acciones del Poder Ejecutivo dirigidas a anular de facto la Asamblea Nacional, sin tener que recurrir a un hecho tan notorio como su disolución oficial, como ocurrió en el caso peruano.
Recordemos que previamente la Sala Constitucional había declarado en desacato a la Asamblea Nacional anulando todas sus actuaciones por incumplir una sentencia de la Sala Electoral que ordenó la desincorporación de los diputados de Amazonas por supuestas irregularidades en la elección de estos parlamentarios. Irregularidades que hasta ahora ni siquiera han sido objeto de investigación formal.
Como afirmamos en otras oportunidades aquí el problema no es jurídico sino político, y esta nueva sentencia de la Sala Constitucional agrega un elemento más de tensión al complicado ajedrez político que se está jugando en el país. Desconocer al parlamento significa vulnerar la expresión de la voluntad popular de más de siete millones de electores. Vaciar las atribuciones del legislativo equivale a cerrarlo.
EGobierno asedia a la Asamblea Nacional a través del férreo control institucional que mantiene, y apuesta por la radicalización en momentos en que sus índices de aprobación están en su nivel más bajo debido a la atribución de la responsabilidad personal del Presidente en la crisis que vive el país.
Esta nueva arremetida autoritaria del régimen de Maduro provocará sin lugar a dudas una fuerte reacción de la comunidad internacional que desde hace unos meses está apostando por una solución pacífica y constitucional al conflicto. Recordemos que la activación de la Carta Democrática Interamericana es un proceso que ya eá en marcha, aunado a las posturas abiertamente críticas de los países del MERCOSUR como Brasil, Argentina y Paraguay frente al incumplimiento del país de las normativas de la institución y de los procedimientos democráticos. Sólo países con poco peso geopolítico en la región como Ecuador, Bolivia y Nicaragua se manifiestan claramente a favor del régimen bolivariano.
Para la gran parte de los países de América Latina el autoritarismo forma parte de un pasado ya superado. ElGobierno huye hacia adelante con poco respaldo interno y externo, y esta nueva violación a la Constitución, además de generar más inestabilidad a la ya calamitosa situación económica, enciende las alarmas en torno a la extinción de la democracia en nuestro país.
