El régimen cambiario implantado desde febrero de 2003 en Venezuela, ha ido limitando el acceso a los dólares al sector privado, ya sean importadores o simples ciudadanos, denominados en la jerga oficial “viajeros”.
Pero, además, desde un principio, estableció que quien obtenga dólares por concepto de exportaciones está obligado a venderlas al Banco Central a la tasa preferencial, fijada por CADIVI o el organismo que haga sus veces, por debajo de la tasa de mercado. Más tarde, con la Ley de Ilícitos cambiarios, catalogó como delito que el sector privado efectúe transacciones en divisas. Los dólares para importaciones o exportaciones no se entregan en físico, son autorizados por la comisión presidencial y liquidados por el BCV a los proveedores internacionales, de modo que los agentes económicos nacionales no manejan dólares en efectivo, “ni siquiera los ven”.
Lo anotado quiere decir que ha sido responsabilidad exclusiva del Gobierno asignar los dólares provenientes del petróleo (97 % del total). Trece años de controles permiten afirmar que las trabas fundamentales para llenar los anaqueles, las pone el propio gobierno. Algunas voces, desde el lado del oficialismo, han manifestado querer flexibilizar la medida para permitir dinamizar el comercio internacional y resolver el problema de la escasez y desabastecimiento. Otras voces, también vinculadas al poder, niegan de plano modificaciones al esquema cambiario. Entre esas, la siguiente.
«Si quitamos el control de cambio nos tumban, el control de cambio aquí es una medida política no una medida económica. Esa es la verdad y nosotros no nos podemos dejar tumbar, primero que nos maten porque nosotros tenemos un compromiso con nuestro pueblo y Chávez y el pueblo es lo mismo», ha vuelto a insistir el Vicepresidente Istúriz. Declaraciones que contradicen las vertidas por Felipe Pérez Abad, vicepresidente del Área Económica, quien afirmó,finalizando mayo: “está próxima una flexibilización cambiaria”, y que le costaron el cargo.
Aun cuando parezcan disímiles, las figuras coinciden en dos puntos: i) el Gobierno se mantiene gracias a que le niega las divisas al sector privado y ii) por ningún lado aparece interés en llenar los anaqueles o abastecer los mercados, lo importante es cumplir con el mandato de “ni un dólar para la burguesía”.
Está de más decir que tal posición contradice la “democratización del uso de las divisas”, usado como slogan-coartada para implantar el control de cambio, y que, obviamente, no ha cumplido ni de lejos su cometido. En su defecto, se ha creado un sistema de asignación de divisas con carácter discrecional. En el gráfico que se inserta se aprecia que la cuantía de dólares asignados a los ciudadanos ha venido disminuyendo, mientras los precios del petróleo crecen, atendiendo un objetivo oculto, divulgado en ocasiones. Si las restricciones fuesen consecuencia de las caídas del barril, pase, se justificaría el “sacrificio”, pero este no es el caso. Cabe precisar que sólo han tenido acceso al sistema los titulares de tarjetas de crédito (clase media y alta), unos 2 millones de usuarios, designados a dedo; las asignaciones por persona han ido reduciéndose hasta el punto que el actual sistema, según puede leerse en el portal electrónico del BCV, asigna 92% de las divisas a la tasa DIPRO (10 Bs x dólar) a compras oficiales y apenas un 8% a una tasa flotante (DICOM) de 660 Bs x dólar.
Pero cuando observamos el detalle fino, nos encontramos que quien vende a la tasa flotante es, PDVSA. Así la estatal petrolera, disminuye las contribuciones al Presupuesto Nacional en dólares, pero contablemente se registra que está incrementando los aportes en bolívares, forma fraudulenta de encubrir la devaluación constante de la moneda.
Un análisis detenido del régimen cambiario implantado, revela un incisivo racionamiento de las divisas, que se deriva no de administrar un flujo de divisas en declinación, sino que, por diseño, el Ejecutivo cada vez aparta para sí una mayor porción de petrodólares, con el fin de consolidar la revolución y reducir la participación del sector privado, tal como se indica en el Plan de la Patria.
La información vertida se explica por sí sola, a los viajeros se les hace cada vez más difícil salir del país; se les “da” cada vez menos. Se intensifican los requisitos para acceder a divisas en 2010, y se diversifican los montos por destino.
En 2014, las asignaciones que se hacían a dólar preferencial, se trasladan a Tasa SICAD I, incluido el precio de los boletos aéreos. Aun así, persiste el diferencial y sigue siendo atractivo adquirir dólares. Cierto que se restringe la movilidad de viajeros; pero no la de mercancías y capitales, dando lugar a negocios semi-clandestinos, algunos descaradamente ilícitos.
El cupo electrónico desde junio 2015 se encuentra inactivo “hasta nuevo aviso” y se ha obligado a los tarjetahabientes a migrar hacia la banca pública.
El lector sabrá juzgar la ironía encerrada en la frase “democratización de las divisas”.
