El Tribunal Supremo de Justicia sustituyó, de un plumazo, la Constitución, al abrogarse una facultad que no aparece en ninguna parte del texto constitucional en relación a la aprobación del presupuesto de la nación.
La afirmación fue hecha por el Dr. Edgar Urbáez, quien fuera postulado para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, entrevistado por EL IMPULSO.
La Sala Constitucional es el último intérprete de la Constitución, según el artículo 335 de la misma, motivo por el cual no puede modificarla, ni mucho menos sustituirla.
-¿A qué se debió ese exabrupto jurídico?
-Conocemos cómo viene comportándose la Sala Constitucional del TSJ y ello deja un precedente que pone en evidencia las debilidades del sistema judicial venezolano y su referencia frente al sistema judicial de otros países. Esa decisión jamás debió ocurrir. ¡Es insólita!
-¿Cómo la afiliación política puede perturbar el normal desarrollo de la justicia en su más alta instancia?
-Soy creyente de la justicia; pero, lo que observamos en la actuación del TSJ es que hay una influencia política decisiva, que viene del Poder Ejecutivo. Hay veces que el Presidente de la República sentencia, en sus cadenas de radio y televisión obligatoria, cualquier hecho antes que lo haga la Sala Constitucional.
-Pero, ¿no tiene esa forma de actuación presidencial sus antecedentes en lo que hacía Hugo Chávez cuando despidió al personal de PDVSA, utilizando un pito?
-Sí, eso no sólo fue visto en Venezuela sino en el resto del mundo cuando el Presidente Chávez ordenó el despido de más de veinte mil trabajadores de la principal industria del país. Y después, entre otros casos, la sentencia contra la Dra. María Lourdes Afiuni, que la anunció previamente en televisión, ordenando que se le aplicara la pena máxima. Lo insólito es que los jueces actuaron al pie de la letra, sin el derecho a la defensa y el debido proceso, que está contemplado en el artículo 49 de la Constitución.
-¿Constituye un hecho sumamente grave que no se pueda revisar la decisión sobre el presupuesto?
-Internamente, la sentencia puede ser revisada por el propio TSJ cuando se supone alguna violación. O por los organismos internacionales a los que acudan los interesados.
-Pero, si ya fue aprobado el presupuesto, ¿qué se puede hacer?
-Jurídicamente, nada. Lo que viene es su aplicación que genera responsabilidad administrativa, civil y penal para quienes lo ejecuten al margen de lo establecido en la Constitución. Esa responsabilidad no prescribe. Y es personalísima.
-El Presidente de la República ha instado a gobernadores y alcaldes a cumplir la sentencia del TSJ, ya que de lo contrario, les negará los recursos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
-En primer lugar, el perjudicado en este supuesto caso sería el pueblo, porque agotaría las posibilidades de educación, salud, transporte y servicios en general. Además, impide las inversiones que puedan realizarse dentro del situado constitucional que corresponde a gobernaciones y alcaldías. En segundo lugar, causa estupor que el Presidente de la República haga esta advertencia amenazante que no se corresponde con su posición y el lenguaje que debe guardar como líder de una nación.
-Si esta actuación combinada del Ejecutivo y la Sala Constitucional son violatorias de la Constitución, ¿cómo queda el país ante la comunidad internacional?
-Ya con antelación estamos muy mal ante la comunidad internacional. Pero, lo que acaba de ocurrir, se puede deducir es que el sistema democrático ya está perdido en Venezuela. La democracia está gravemente herida.
-¿Se puede considerar que tenemos una dictadura?
-No quiero expresarme en el término por usted utilizado. Pero, lo cierto es que hay un abuso de poder generalizado que lo vemos constantemente y que se publica en todos los medios que no están sujetos al Gobierno.
-Como exdiputado del antiguo Congreso Nacional, ¿qué puede hacer la actual Asamblea Nacional para hacer valer su poder?
-Tiene que continuar con su trabajo habitual de legislar, porque las funciones de control y supervisión, así como la aprobación de leyes le ha sido anuladas por el TSJ. Incluso, anulada la posibilidad de ejercer sus propias normas internas, lo que nunca habíamos visto en el país.
-¿Cómo se puede entender que el Ejecutivo desconozca por completo al Legislativo habiendo sido este electo por la mayoría del pueblo?
-Eso no es entendible por los cuatro puntos cardinales. Tenemos el ejemplo palpable del decreto de emergencia económica y financiera que no fue aprobado por la Asamblea Nacional y sin embargo el Presidente lo puso en práctica, aduciendo su constitucionalidad decretada por la Sala Constitucional, siendo que son dos aprobaciones concurrentes: el TSJ por vía constitucional y el de la Asamblea que se reserva lo planteado en dicho decreto. Vale decir también que la prórroga por 60 días es materia de reserva de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Presidente de la República lo ha prorrogado varias veces, violando consecutivamente la Constitución
-¿Cuáles son hoy las expectativas ante este nuevo presupuesto?
-Como economista, debo decir que de lo poco que dijo el Presidente, es una contradicción que en una economía petrolera, el presupuesto del gasto en el 77 por ciento se vaya a nutrir de los impuestos que son fundamentalmente pagados al final del ejercicio fiscal por vía del Impuesto Sobre la Renta, aparte de otros que son de menor cuantía como el del Valor Agregado. Y sólo el 17 por ciento dependerá de la actividad petrolera. Queda la ley de crédito público para solicitar financiamiento, pero es difícil que la obtenga.
Entonces, ¿de dónde vendrán los dólares para pagar la deuda externa y otras obligaciones contraídas por la República? Y ¿cómo, entonces, se va a financiar todo, fundamentalmente a través de los impuestos si la producción de bienes y servicios es muy poca en Venezuela, ya que el parque industrial venezolano se redujo de 14 mil unidades industriales a alrededor de cinco mil? La situación es totalmente difícil ahora y mucho peor ante este panorama que se presenta con el nuevo presupuesto.
Sin recursos
El presupuesto, explica el Dr. Urbáez, es un instrumento en política económica financiera y social, cuyo objetivo es ordenar los ingresos y su aplicación al gasto para un período de tiempo determinado, que permite evaluar la gestión de la autoridad que lo ejecuta en dicho período.
-¿Cuál es el fundamento para que un presupuesto de la nación sea discutido, analizado y aprobado por el Poder Legislativo?
-Porque así lo establece el artículo 313 de la Constitución. De manera que es materia de reserva del Poder Legislativo.
-¿Cómo se explica, entonces, que el Tribunal Supremo de Justicia haya emitido una sentencia para que el Presidente de la República lo someta a consideración de la Sala Constitucional?
-La primera obligación en el artículo 236 de la Constitución es que el Presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución. Él debe estar muy claro en relación a este mandato que le ordena dicho artículo. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia sustituyó la Constitución porque no existe norma que le faculte para aprobar el presupuesto de la nación.
Perfil
El Dr. Edgar Urbáez es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela y abogado, especializado en Derecho Constitucional, de la Universidad Bicentenaria, de Maracay. Magíster en Ciencias Políticas y doctorado en Ciencias Sociales. Profesor titular de la Universidad Politécnica Antonio José de Sucre.
Entre los cargos que ha ocupado cabe mencionar el de subdirector y luego director administrativo de la Universidad Antonio José de Sucre, donde posteriormente fue contralor interno.
Fue director principal del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) en Caracas.
A los 24 años fue designado Director de Corpoindustria en San Juan de los Morros, estado Guárico
En el campo político fue diputado al Congreso Nacional durante el ejercicio presidencial de Jaime Lusinchi. Como parlamentario integró las Comisiones de Educación y Agricultura.
Se desempeñó como gerente general del Instituto Nacional de la Vivienda en el estado Lara.
En el aspecto gremial fue presidente del Colegio de Economistas del estado Lara, miembro del Directorio de la Confederación de Economistas de los Países Andinos y delegado, en dos oportunidades, de la Sociedad Interamericana de Planificación en Ecuador y México.
Ejerce el libre ejercicio de sus profesiones.
