En Venezuela ha desaparecido la democracia, porque esta se basa fundamentalmente en el equilibrio de los poderes. El Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial han desconocido al Poder Legislativo, sin basarse para ello en ninguna norma legal que se pueda desprender de la Constitución.
Al hacer la afirmación el Dr. José Toro Hardy, economista, exdirectivo de PDVSA, profesor universitario y analista económico, dice que no tiene sentido el alegato de los mencionados poderes al señalar que la Asamblea Nacional está en desacato por haber incorporado a los tres diputados del estado Amazonas.
TSJ inconstitucional
El desacato es el de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia al haber alegado fraude en la elección de los tres parlamentarios; pero, tal acusación es hecha por una grabación de voces.
Las grabaciones sin autorización de un juez son ilegales, resalta el Dr. Toro Hardy. Es muy mala la actuación de una Sala del TSJ cuando recurre a una prueba ilegal para sostener un presunto delito.
Pero, si se hubiese producido el fraude y determinado el hecho, la Sala Electoral disponía de un lapso (que ya venció) para convocar a unas nuevas elecciones. Al no hacerlo, dejó sin representación al estado Amazonas en la Asamblea Nacional, lo cual es absolutamente inconstitucional.
Usurpación de funciones
La Sala Constitucional asume la responsabilidad de autorizar al Presidente a presentar ante los magistrados del TSJ el presupuesto, lo que viola su artículo 336 que le confiere 11 atribuciones a la Sala Constitucional, en ninguna de las cuales menciona la posibilidad de que ella pueda usurpar funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional.
Adicionalmente,la Constitución en su artículo 339 literalmente le da potestad a la Asamblea Nacional para aprobar el presupuesto y todo lo concerniente a las leyes de los créditos públicos.
La Sala Constitucional tiene la atribución de interpretar la Constitución, pero en este caso específico, aquí no hay nada que interpretar.
Considera el Dr. Toro Hardy que aquí se ha producido un agavillamiento del Ejecutivo y el Judicial contra el Legislativo, lo que rompe el equilibrio democrático.
Congreso intergaláctico
Colisiona el Presidente con la Asamblea Nacional cuando dice que enviará el presupuesto a un Congreso de la Patria y que lo aprobará vía decreto.
El Congreso de la Patria no figura en ninguna parte de la Constitución. Es como si dijera que lo enviará al congreso intergaláctico. No tiene ninguna validez.
Y, por supuesto, tampoco existe en la Constitución ningún artículo entre las atribuciones del Presidente, para que este apruebe el presupuesto por decreto. En consecuencia, no puede hacerlo.
Decreto rechazado
A la vez, alega el Gobierno que el Presidente prescinde de su obligación de presentar el presupuesto a la Asamblea Nacional porque está amparado en el decreto de emergencia económica. Pero, este fue rechazado y, por consiguiente, no fue aprobado por los diputados. El decreto, lógicamente, es ilegal.
La Constitución es muy precisa al determinar que los estados de excepción son por 60 días y prorrogables por una sola vez, que también tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. No tiene sentido lo que alega el Gobierno.
Caos para la economía
El Presidente está violando seis artículos de la Constitución y tres de la Ley Contra la Corrupción con estas actuaciones.
Claramente, a todos los efectos prácticos el presupuesto es ilegal y al serlo, no obliga.
Nadie se va a atrever a concederle préstamos al Gobierno para financiar el presupuesto, que ya es elevadísimo. Quien lo haga sabe que no va a recibir pago.
Las obligaciones de un presupuesto ilegal son, naturalmente, ilegales.
Y lo más grave: puede llevar a un caos a la economía venezolana.
Incita a delinquir
Cuando el Presidente amenaza con no entregar recursos a gobernaciones y alcaldías que no le sigan en su despropósito, está incitando a delinquir a gobernadores y alcaldes.
La salida es el revocatorio
El Presidente tiene que tener legitimidad de origen. Al oponerse al referendo revocatorio, la pierde.
Además tiene que tener legitimidad de desempeño. Al hacer lo que se le ha ocurrido con el presupuesto, la ha perdido.
Al no haber democracia, hay que restituirla.
Como no se puede recurrir a una instancia de poder público, porque el TSJ también está violando la Constitución, la única salida que tenemos, expone el Dr. Toro Hardy, es el poder primario: el pueblo.
El pueblo eligió al Presidente y a la Asamblea Nacional. Cuando se enfrenta una situación de esta naturaleza, la alternativa constitucional más indicada es apelar al referendo revocatorio. Sólo se requiere reunir el 20 por ciento de manifestaciones de voluntad para convocarlo.
Cifras presupuestarias fantasiosas
Para el Dr. José Toro Hardy las cifras que utiliza el Gobierno para el presupuesto son fantasiosas, porque, primeramente, para calcular el monto tiene que tomar en cuenta la inflación. El Banco Central de Venezuela todavía no ha dicho cuánto es el nivel inflacionario. Y así no se puede hacer ningún tipo de cálculo. En segundo término, han hecho estimaciones sobre los ingresos petroleros. Después de las reuniones en Argelia y Estambul, el crudo ha vuelto a bajar de precio. El último informe mensual de la OPEP dice que la información del Gobierno es que se producen 2.200.000 barriles, pero el mismo informe señala que extraoficialmente es de 2.080.000. Y en tercer lugar, en el presupuesto se anuncia que la mayor parte del presupuesto será en base a impuestos. Pero con una economía en contracción y una caída del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, será difícil obtener mayores impuestos. Ningún banco o institución le dará crédito a Venezuela porque el presupuesto es ilegal. La peor de las salidas es que el BCV imprima dinero inorgánico porque la hiperinflación se disparará mucho más.
