Recuperar la producción de azúcar en Venezuela será un proceso largo complejo. Para eso será necesario incentivar el cultivo de caña en el campo, así como brindar garantías de producción y rentabilidad a todos los eslabones de la cadena, ya que además de verse afectados por el control de precios, los limita el control de cambio y el difícil acceso a las divisas, el cual impide se importen repuestos, químicos y maquinarias, necesarios para el proceso. Mientras tanto, merma la oferta del producto en el mercado y el venezolano sobrelleva un sinsabor
La industria azucarera se resiste ante los tragos amargos de Venezuela. Sin insumos ni transporte se derrumba la siembra, cosecha y arrime de la caña de azúcar, y sin materia prima ni maquinarias, los centrales azucareros producen por debajo de su capacidad operativa.
La cadena concluye en el mercado. Adquirir un kilogramo de azúcar no es tan sencillo como antes y si se compra a precio especulativo se paga hasta en Bs. 3.500; lo asombroso del caso es que por ese mismo artículo el productor del campo recibirá aproximadamente Bs. 180. Los desequilibrios son perceptibles.
Centrales azucareros en manos del Estado muelen mucho menos de su capacidad histórica, sumado a que el parque industrial ha quedado devastado, según denuncias de la masa laboral, también barrida por una ola de despidos a escala nacional. Aunque se cumple una década de la zafra récord (2005-2006) de producción nacional de caña de azúcar, el sector se viene abajo.
Si a esto se suma que de los $437,80 millones de importación de azúcar nicaragüense de 2012, en 2016 sólo se han destinado $88,6 millones, de acuerdo con las estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones (Centrex) del referido país, la oferta en el mercado criollo es mínima.
Lara atraviesa sus propias complicaciones. Según Edgar Contreras, gerente de la Sociedad de Cañicultores del Occidente de Lara (Socadol), la caída de los últimos diez años ha sido alarmante.
El presente año sólo operaron los Centrales La Pastora y Río Turbio, ya que Azucarera Pío Tamayo C.A., se encuentra paralizada desde abril de 2015 y el Central Carora (C.A. Agrica) está en iguales condiciones por falta de materia prima, a causa del verano y carencia de insumos, cuya picada se agravó en 2015.
Motivado a la paralización parcial del central ubicado en El Tocuyo, los productores se vieron en la necesidad de enviar 45.000 toneladas de caña a los únicos centrales productivos. En el Valle de El Tocuyo sólo quedan con caña 900 hectárea de las 3.000 que cosechaban azúcar en la década pasada.
La realidad de muchos
Como todo sector productivo venezolano, la industria azucarera no escapa de la crisis nacional. Así lo considera Contreras, quien sostuvo que el gremio ha vuelto a los niveles productivos de la década del 60, un país con menor población.
Citó que en la zafra 2005-2006 Venezuela registró la mayor producción de caña de azúcar en su historia, al moler 9.021.552 toneladas de caña, con una producción de 744.247 toneladas de azúcar (sólo se importaron 300.000), mientras que en el periodo 2015-2016 sólo se molieron 3.021.629 toneladas de caña, con una producción de azúcar de 247.908 toneladas, cifra que representa dos meses y medio de consumo nacional, si se toma en cuenta que por mes el país demanda 100.000 toneladas de azúcar. Para abastecer el mercado, Venezuela debió importar al menos 900.000 toneladas del rubro, lo cual impulsa la agricultura extranjera, pero no la local.
Contreras fue enfático al señalar que con la producción nacional apenas se atiende el 20 % de la demanda, lo que demuestra el “debilitamiento” del primer eslabón de la cadena: el cañicultor.
Razones de la crisis
En opinión del representante de Socadol, la dificultad radica en el escaso incentivo del Gobierno en el sector.
Entre las limitantes destacan el control de precio sobre el rubro, ya que el monto fijado de Bs. 380, aún no publicado en providencia, tampoco cubre los costos de producción, por lo cual los cañicultores han migrado a otros cultivos de ciclo corto. Si a esto se agrega la intervención de fincas de tradición “cañelera”, ahora inactivas, la producción sigue en mengua.
Raúl Valera, miembro de la Asociación de Cañicultores de Trujillo, la cual también arriba el producto a La Pastora, coincide con el comentario de Contreras. Sostiene que “el negocio dejó de ser negocio”, debido a los altos costos productivos, que fueron dejados al descubierto en medio de una ola inflacionaria que impacta a todos.
Refirió que Trujillo pasó a producir 1.600 hectáreas de caña de azúcar de 7.500 hectáreas, lo cual calificó como una caída “estrepitosa”. Las tierras no han sido atendidas debido a la falta de insumos, escenario que se agudiza con los años y cuyo único distribuidor es Agropatria.
Agregó que el promedio de producción solía ser de 90 toneladas por hectárea y que en la última zafra se obtuvieron en promedio 50 toneladas por hectárea.
Actualmente, para atender los cultivos, sólo utilizan urea, no obstante, la formulación debería estar acompañada de componentes de potasio y otro.
A esto suman que los equipos y maquinarias para la cosecha y producción industrial presentan condiciones no aptas para su funcionamiento, por lo cual se requiere repararlos o sustituirlos.
Una industria en caída
Eligio Silva, ingeniero del Central La Pastora, reconoció que la crisis reside en el campo y en la falta de incentivos. En este sentido, relató que el desplome del sector inició con su zafra récord, ya que si bien en 2002 se le decretó “Cultivo Bandera”, con lo cual los productores recibieron copioso apoyo gubernamental, así como ayudas crediticias del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa) e insumos, en 2005 el Gobierno Nacional dictó la regulación de su precio, con lo cual los productores comenzaron sufrir el “estrangulamiento” de su cultivo.
Opinó que lo ideal sería la revisión constante de los costos de producción para la fijación de dicho precio. Así se estimularía la actividad cañicultora en el campo y arrimarían caña a los centrales.
El precio actual en anaquel es de Bs. 380. Tras restar el margen comercial o de venta, centrales como La Pastora reciben entre Bs. 291 y Bs. 327. El 60% de este monto es pagado al productor del campo y el 40% dirigido al funcionamiento de los mismos centrales (personal, químicos, reparaciones y otros), proporción se detalló es insuficiente para cada parte.
Vale destacar que según José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca) el valor de mercado debe ser de Bs. 650.
Centrales en picada
Silva sostiene que se ha reducido significativamente la cantidad de caña de azúcar recibida desde el campo. De 1.056.243 toneladas recibidas entre 2005-2006, la pasada zafra sólo acogieron 285 mil toneladas, lo cual se traduce en “tiempo perdido” para la empresa.
El central está en capacidad de moler 6.500 toneladas de caña por día y este año apenas molían 2.500 toneladas diarias por falta de materia prima.
De 13 mil hectáreas de arrime con las cuales contaba La Pastora entre 2005 y 2006, la pasada zafra sólo recibió 4.500 hectáreas. Otro millón y medio de toneladas de caña de azúcar quedó sin moler, por falta de transporte y otras razones logísticas.
Al respecto, el presidente de Corporación Venezolana de Azúcar (CVAzúcar), Faiez Kassen, anunció que destinarían Bs. 700 millones para la compensación de los productores cuya caña se quedó en el campo en 2015-2016. No obstante, la producción cañicultora sigue afectada por otras tantas fallas.
A menor caña, menor arrime y menor molienda. Central La Pastora, por ejemplo, tiene una nómina de 700 trabajadores directos, con contratación colectiva y beneficios superiores a los de ley. No tienen acceso a la divisas, para importación de repuestos, maquinarias ni químicos.
El Central Pío Tamayo, de administración pública, tiene un tren de molienda en el suelo, según Reinaldo Bastidas, representante sindical despedido del Central Pío Tamayo, por lo cual, el requerimiento de divisas es generalizado.
Representantes de centrales públicos y privados, PDVSA Agrícola CVAzúcar y otros sectores actualmente sostienen encuentros para analiza los casos.
Las necesidades son expuestas y analizadas, sin embargo, el sector aún no cuenta con estimaciones sobre la venidera zafra. El Gobierno por su parte proyecta cosechar 5.300.000 toneladas de caña de azúcar y 450.000 toneladas de azúcar.
En medio de ofrecimientos y denuncias, el sector se sigue deteriorando
Impactos de la inseguridad
Robos, secuestros y cobro de vacunas son parte del problema de inseguridad que atraviesan los campos.
Valera relató que debido a la gravedad del tema, centrales del estado Portuguesa no cosecharon en Trujillo la pasada zafra, por lo cual parte importante de la poca caña quedó en la tierra.
-Los campos son forajidos… Por la inseguridad nos encontramos en aún más desventaja y la siembra del próximo ciclo sigue en peligro.
Parte de la caña de azúcar quedada, fue llevada a trapiches cañeleros.
Piden volver a la empresa
Al drama del sector se suman las historias de más de 1.200 trabajadores despedidos de centrales de todo el país. En Lara sólo 13 de 34 afectados solicitaron derecho a reenganche, el cual obtuvieron.
A pesar de ello, siguen sin regresar a sus lugares de trabajo. En días pasados, según informó Bastidas, delegado sindical despedido de Pío Tamayo, sostuvieron reuniones con representantes del Ministerio de Agricultura y Tierras y de CVAzúcar, en la cual les solicitaron firmar y aceptar la liquidación, a pesar de gozar de providencia de reenganche.
Destacó que los montos presentados no incluyeron sueldos caídos de 2016, cuestión que no comprenden y rechazan, al igual que la prohibición de presentarse a reuniones con abogados privados.
-No la aceptamos porque tenemos providencia administrativa de reenganche, firmada por el mismo gobierno… Quedaron en realizar un cronograma de análisis y cálculos de los casos en todo el país. Iniciarían por Barinas, pero no se presentó el patrono.
En este sentido, condenó que “el gobierno mande presos a los gerentes de Empresas Polar”, pero que “no haga lo mismo contra los de la CVAzúcar ni el ministerio”.
Subrayó que los trabajadores despedidos en todo país, son personas que en su momento denunciaron irregularidades administrativas dentro de la empresa, así como maltrato laboral.
