“El Ejecutivo, en la cabeza de Nicolás Maduro, y el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Gladys María Gutiérrez Alvarado, no quieren ver que hay una Asamblea Nacional y creen que la pueden anular a través de sentencias.
Pero, resulta que la Asamblea Nacional y los ciudadanos estamos viendo bien claro lo que están haciendo el Sr. Maduro y la Sala Constitucional”.
Son estas expresiones de la Dra. Cecilia Sosa, la primera profesional del Derecho en haber presidido el máximo tribunal de un país en América Latina, quien dice estar hablando como ciudadana.
De manera indubitable, la Sala Constitucional no tiene ninguna investidura constitucional para aprobar un presupuesto de la nación, porque constitucionalmente tiene prohibida la función de hacer leyes.
La Dra. Sosa, entrevistada telefónicamente desde la Redacción de EL IMPULSO, considera que esas ramas del Poder Público se están deslegitimando y cayendo en falta de autoridad.
Al mismo tiempo, advierte, los ciudadanos venezolanos podemos decir: “somos el soberano y, por tanto, tenemos el poder, y la obligación de defender la Constitución. Y eso es lo que vamos a hacer”.
Nuestros derechos, consagrados en la Constitución, no pueden ser mancillados, pisoteados, ignorados por muy altos funcionarios que sean el Presidente y el TSJ.
Como lo que están haciendo es contrario a la Constitución, es como si no existiera.
-¿Está ajustado al estado de excepción?
-El señor que está en Miraflores utiliza el término como si fuese el führer Adolfo Hitler. Está aplicando una frase fascista: cuando existe estado de excepción, el poder es ilimitado.
Pero, la Constitución venezolana tiene restricciones durante la aplicación del estado de excepción. Maduro no puede sustituir nuestra soberanía. Ni tampoco la Asamblea Nacional. Yo, como ciudadana, lo elegí indirectamente para que cumpliera las tareas que la Constitución le da. Y resulta que supuestamente no las puede hacer.
-¿Cómo ve a ese tribunal legislando?
-Los ciudadanos no podemos permitir que ese TSJ esté reunido en este momento porque no sabe qué hacer con el presupuesto. No sabe cómo organizar la documentación para convertirla en ley, porque no lo es. Haga el malabarismo que haga, haga siete volteretas en el aire y caiga parado, nunca podrá convertir una sentencia en ley. Y nunca quedará aprobado el presupuesto. Ni con la ampliación, que es una nueva figura que han inventado. ¿A quién se le ocurre que le amplíen una sentencia anterior? ¿De dónde sacaron eso? La inseguridad jurídica es tal que los chinos van a salir corriendo. También los demás inversionistas extranjeros y los propios nacionales. Incluso, los mismos chavistas que tengan dinero bien habido, no lo harán. No se puede concebir que esto ocurra en pleno siglo 21. Y aquí estamos retrocediendo miles de años.
-En la práctica, ¿qué va a pasar con esa sentencia?
-Que la Asamblea Nacional tiene que seguir trabajando de acuerdo como lo ordena la Constitución. Tiene que conocer del presupuesto que eventualmente será publicado en la Gaceta Oficial. Debe valorar lo que ese presupuesto contiene y pronunciarse sobre los créditos adicionales, que supuestamente también va a aprobar la Sala Constitucional.
-¿Qué sentido tiene si la Asamblea Nacional ha sido opacada?
-En mi opinión, la función política de la Asamblea Nacional es más importante ahora que nunca. El Presidente y la Sala Constitucional quieren desaparecer la Asamblea Nacional porque él no la controla. Pero, los ciudadanos que elegimos a los diputados, entre los cuales están los del PSUV, tenemos que estar viendo las actuaciones tanto de Maduro como de la Sala Constitucional. Y los diputados, seguir ejerciendo sus competencias como autoridades y con apoyo de la población que los eligió. Por eso la salida sigue estando en el referendo revocatorio. Y nadie nos debe apartar de ese objetivo, que lo tenemos a escasas dos semanas.
-Los miembros de esta Sala –le decimos- fueron designados por la anterior Asamblea Nacional cuando ya habían finalizado sus funciones…
-Y agrega que los magistrados ya no lo son porque la actual Asamblea anuló las designaciones que había hecho la anterior en diciembre pasado; es decir, la sentencia ha sido firmada por personas que no son magistrados.
-Ante todo este cuadro inquietante de situaciones, ¿quién podría poner orden en el país?
-El pueblo. Y creo que el pueblo está consciente de las barbaridades que se están cometiendo con la Constitución que nos dimos. Mientras controlaba todos los poderes, el Gobierno hacía alarde de la Constitución. Ahora no le sirve.
-Pero, ¿qué puede hacer el pueblo?
-Los ciudadanos ahora tienen el sartén por el mango. Los poderes constituidos, no. Esa es la gracia de la Constitución del 99 cuando se puede invocar el artículo quinto, que le dice al pueblo: soberano. Y hay dos formas de ejercer la soberanía. Indirectamente (yo elegí a la Asamblea Nacional y al Presidente de la República). Y directamente, a través del revocatorio, entre otras formas. Ningún poder constituido –y me estoy adelantando a la eventualidad de que se les ocurra anular el decreto de referendo revocatorio- tiene facultad para eso.
Porque, en principio, el referendo no ha ocurrido. La etapa fundamental es alcanzar el 20 por ciento de voluntades para que sea convocado y una vez logrado tal meta, el Consejo Nacional Electoral lo único que tiene que hacer es organizar la consulta. Ninguno de los rectores tiene que opinar, sino decidir lo que manda el pueblo. Eso como que se les ha olvidado.
De acuerdo al artículo 333 de la Constitución, esa es una obligación por primera vez en la historia constitucional venezolana. Y el ciudadano está consciente de que esa es una forma de restablecer la democracia. La grandeza de la Constitución radica en que le confiere poder al pueblo. Los venezolanos tenemos que comprender cuán inconstitucional es el comportamiento de los funcionarios que quieren anular un poder que elegimos. Porque cuando elegimos, aunque no hayamos votado por los diputados del PSUV, estos me representan en la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que hacerles entender que ellos son nuestros representantes porque conforman la institución legislativa. No nos pueden fallar con decisiones que violenten el texto constitucional. Si a mí me falla el Presidente, necesito otro Presidente, así de simple. ¿Y cómo lo hago? Con el derecho que tengo de revocarlo. Que esta sea la primera vez en la historia que va a ocurrir, pues bien, la Constitución me lo permite hacerlo porque estoy ejerciendo mi soberanía.
-¿Qué puede pasar con el CNE?
-Al Poder Electoral, el soberano, el pueblo, le dirá: Yo soy el que ejerzo el derecho de revocar y tú tienes que cumplir con ese mandato que me da la Constitución, la cual debes cuidar. Ese es el pensamiento que a todos los venezolanos que van a su trabajo y los que están pasando trabajo porque no tienen trabajo, les está pasando por sus cabezas. Este país no puede seguir así. Necesito otro Presidente y otro Tribunal Supremo de Justicia, que respeten la Constitución. Eso es lo que necesitamos como ciudadanos, como nación.
Cuando la Constitución es inútil
La Sala Constitucional dice en sentencia del 15 de marzo del presente año precisamente que el Estado está irrestrictamente vinculado a la Constitución y todos los órganos y entes están obligados a privilegiar la carta magna. Asimismo los actos que vulneren la Constitución están viciados de nulidad absoluta. Aún más, esa sentencia señala –y esto es interesante- que quien haga eso, genera responsabilidad no sólo para el Estado sino para los funcionarios vinculados directamente a la actuación, bien sea por acordarla o bien sea por llevarla a cabo. En tal sentido, la sentencia que dictaron para decir que Maduro no presente el proyecto de Ley del Presupuesto a la Asamblea Nacional, es anulable en absoluto. Aquí se ve que la Constitución sirve cuando la Sala Constitucional no está actuando políticamente, pero es inútil cuando las instrucciones y el proyecto de ley vienen de afuera, entubadas. Si hablaran los relatores del Tribunal Supremo de Justicia, cuánto se sabría. Pero, superficialmente se sabe que sentencias como la última llegan como un paquetico desde Miraflores y lo que le piden a los magistrados que la firmen. Si te encuentras en la calle y le preguntas a alguien: ¿sabías que ahora el presupuesto lo aprueba la Sala Constitucional?, te respondería: eso es absurdo. ¿Qué capacidad técnica de conocimientos políticos tienen los magistrados para aprobar el presupuesto de la nación? La Constitución expresamente determina que el estado de excepción no puede sustituir las funciones propias del resto de los poderes.
Tribunal Supremo de Justicia retrocede 2.000 años
Desde Cicerón, en el imperio romano del siglo primero antes de Cristo, se despersonalizó el poder, comenta la Dra. Cecilia Sosa, al referirse a la sentencia del TSJ relacionada con el presupuesto.
Ahora, en el tiempo presente, yo te puedo elegir: tiene nombres y apellidos, cédula de identidad, etc. Pero, desde el mismo momento en que tú asumes las condiciones del cargo, es el cargo, es la institución, que tú temporalmente desempeñas. No puedes personificar el ejercicio del poder. Lo digo por la Asamblea Nacional. Ni siquiera me voy a referir al caso de Maduro. Cuando lees la sentencia de la Sala Constitucional que le dice a Maduro que no se presente ante la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de presupuesto, no se refiere a la institución sino a la mayoría opositora que no acata las sentencias de la Sala Constitucional. Es como decirle a Maduro, venga para acá Presidente, que yo hago lo que la Asamblea debería hacer. Ese es el resumen de esa sentencia.
Nadie puede picar a la Asamblea como se hace con un salchichón o con una torta, porque la Asamblea es un todo.
Cuando la Sala Constitucional dice que la Asamblea está en desacato, incluye solamente a los que no son del PSUV y a estos les dice que no han incurrido en desacato. A estos ni con el pétalo de una rosa.
La Sala Constitucional volvió –más de dos mil años después-, a personificar el poder. No quiero utilizar un calificativo, porque no es mi estilo. Pero eso es bochornoso.
No hay desacato porque nadie debe acatar lo que es inconstitucional. Y más de 33 sentencias que ha dictado la Sala Constitucional son nulas.
La sentencia del 15 de marzo de este año, que está referida a la acción de nulidad al artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tiene una argumentación perfectamente establecida. Allí se retrataron ellos con lo que debe ser la responsabilidad con el país.
Irán a la cárcel por lo que hacen
-Maduro, dijo antes de las elecciones del 6 de diciembre, que no aceptaría el triunfo de la oposición y se iba a constituir un gobierno cívico militar, como de hecho existe.
-No existe ningún gobierno cívico militar. Este es un gobierno militar con unos civiles, en el cual el ministro de la Defensa recibe cuenta de ministros en relación con alimentación, medicinas y producción. Que por cierto es el decreto de estado de excepción.
-¿No se está vulnerando la Constitución con todas estas prácticas?
-Claro que sí. Todo lo que se está haciendo está al margen de la Constitución. Son responsables. Y deberán ir a la cárcel por eso. Serán juzgados para determinar el grado de responsabilidad que tienen en las decisiones y en las no decisiones. Ahora, yo quisiera saber qué opina Padrino López de que el presupuesto lo apruebe la Sala Constitucional. Igualmente saber qué opina la fiscal general y el Poder Ciudadano.
-A lo mejor sale por ahí Escarrá…
-A mí no me interesa Escarrá porque un día dice sí y al otro, no. No tiene ninguna respetabilidad. Su criterio en este momento de jurídico no tiene nada. Quiero es que la fiscal y sobre todo Padrino López, quien es el Presidente en ejercicio, porque eso es lo que es, ya que Maduro aparentemente ha quedado como vicepresidente. La fractura institucional desde el punto de vista constitucional es absoluta.
