Dirigentes de Voluntad Popular y de Copei acudieron este lunes a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, a fin de denunciar una serie de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno.
La vocera de la tolda naranja, Adriana Pichardo, informó que el informe consignado ante la OEA contiene más de 300 páginas que detallan todos los casos de persecución al partido desde el año 2014.
“El régimen tiene más de 250 activistas de Voluntad Popular perseguidos, 10 tras las rejas y 3 condenados desde 2014, todos son de Voluntad Popular. Venimos a dejarle claro al mundo entero de que este régimen dista mucho de la democracia. No solo haremos entrega de este documento ante la Organización de Estados Americanos, ya lo hemos entregado en 61 embajadas acreditadas en Venezuela. Esto se suma a la medida de protección que le solicitamos como Voluntad Popular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Pichardo.
Por su parte, el también militante de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, aclaró que denunciaron la persecución sistemática contra dirigentes de otros partidos políticos. “Hay que recordar el caso de Manuel Rosales y Antonio Ledezma, así como con la dirigencia de base de partidos como Acción Democrática. Pareciera que Voluntad Popular fuera el epicentro de la persecución. Son más de 200 activistas perseguidos, 2 se encuentran en la clandestinidad y 5 en el exilio. Es una cifra lamentable y ha aumentado más en las últimas semanas cuando todos sabemos que el régimen está cerca de su final”, indicó.
A su vez, el dirigente de Copei, Rogelio Díaz, refirió que entregaron un informe para que sea elemento de activación de la Carta Interamericana Democrática en Venezuela. “La libertad de expresión se sigue atacando en nuestro país, se persiguen a los medios y periodistas que simplemente quieren hacer su labor que es informar”, precisó.
Al respecto, Díaz hizo mención a las amenazas que ocurrieron este fin de semana contra el diario El Nuevo País. “El presidente Maduro amenazó por demandarlo, por simplemente por haber difundido un informe de Bloomberg sobre la crisis que está ocurriendo en la estatal Petróleos de Venezuela”, recordó tras señalar que ello se suma a las amenazas contra El Nacional, Tal Cual y La Patilla.
“Estas acciones por parte del Gobierno representan una escalada en contra de la libertad de expresión. Este contexto viola el derecho a la información del pueblo venezolano, y trata de eliminar el poco resquicio de democracia que queda en nuestro país”, culminó.
