La organización civil Súmate hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta y rechazar las acciones dirigidas a disolver el Poder Legislativo en las que se encamina el Ejecutivo nacional con la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia.
La ONG advirtió que en el conflicto de poderes surgido a raíz de las elecciones del 6 de diciembre, la legitimidad de origen la tiene el Parlamento, pues así lo establece el artículo 201 de la Constitución.
“Ante este choque inevitable de poderes, los ciudadanos estamos llamados a estar alerta ante cualquier acto que pretenda atentar no sólo contra un poder del Estado sino contra la representación nacional y, por ende, la legítima y democrática representación del pueblo en su papel de mandante y legislador”, expresó un comunicado de Súmate.
La afirmación tiene su base en las declaraciones del presidente de la República el pasado 31 de agosto, cuando expresó su intención de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional por la vía de un decreto dictado en el marco del Estado de Excepción que detenta ilegítimamente. En el mismo escenario encuadran las 30 sentencias dictadas por las salas Constitucional y Electoral del TSJ, cuyo resultado de facto ha sido el despojo de la mayoría calificada a la MUD y posterior declaratoria de la nulidad de “todos” los actos del Parlamento como castigo a un supuesto desacato.
“Este choque de poderes públicos en este primer período de sesiones tiene un impacto peligroso para la gobernabilidad y el sistema democrático. Por eso es necesario advertir que en definitiva lo que busca el Gobierno Nacional es la disolución de la actual Asamblea Nacional”, señaló la organización.
Finalmente, Súmate recordó que los 112 escaños ganados por la oposición le dieron los tres tipos de mayorías estipuladas por la Constitución, “con lo cual puede asumir todas las competencias asignadas al Poder Legislativo Nacional”.
“El resultado de los comicios realizados en diciembre trajo como consecuencia que por primera vez desde la aprobación de la actual Constitución en 1999, el partido de gobierno se convirtió en minoría parlamentaria (…) Los resultados están a la vista, el comportamiento de quienes propugnaron la democracia participativa y protagónica distan por mucho de lo que corresponde a verdaderos demócratas y respetuosos del estado de derecho”, manifestó la ONG.
