Las violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la movilización de la Mesa de la Unidad (MUD) en los 1.356 centros de votación escogidos por el CNE, para explorar la voluntad de los venezolanos de estar o no de acuerdo con que el Referendo Revocatorio se realice en el 2016, y las acciones drásticas contra el régimen actual, solicitadas por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, conforman un cuadro político de dimensiones críticas que pueden conducir a una transición democrática y al restablecimiento del Estado de Derecho en nuestro país.
La crisis puede ser terminal, aunque no se conozca el verdadero desenlace, por tres razones fundamentales: la primera se refiere a los disparates que el gobierno de Maduro comete todos los días en política económica, que aumentan la inflación y el hambre de los venezolanos, aunque sus más altos funcionarios niegan y hasta celebran que vamos por buen camino, cuando la realidad golpea brutalmente a los más pobres, liquida la clase media y agrava a conflictividad social, aupada por la escasez de alimentos y medicinas y la inseguridad que afecta a la totalidad de los ciudadanos, acosada por el hampa desbordada.
La presencia en 1.356 centros de votación de una oposición mayoritaria confirmando el dominio pacífico que tienen de la calle y el respaldo incuestionable de más del 80% de los encuestados por diferentes empresas especializadas, dispuesta a cumplir el mandato que recibiera en las elecciones del 6 de diciembre del 2015, sin caer en las provocaciones que montarán las bandas represivas del gobierno, revela que estamos en una encrucijada política, que tiene contra la pared al régimen que tranca el juego político, sin darse cuenta de que importantes sectores del chavismo no lo acompañarían si prohíbe el Referendo Revocatorio, y menos si aprueba el Presupuesto Nacional del 2017, al margen de la Constitución Nacional y aumenta la corrupción.
En tercer lugar el descalabro que sufrió el gobierno en Mercosur, no sólo al no permitirle que presida ese importante organismo de integración regional, sino también que ha sido sometido a una prueba definitiva para poder ser miembro con todos los derechos, por lo que tiene que dar claras demostraciones de respeto a los Derechos Humanos y en general cumplir con todos los requisitos democráticos establecidos en el Estatuto que rige el funcionamiento de dicho organismo de integración del Sur.
El aislamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro se agrava por la posibilidad de la aplicación de Carta Democrática Interamericana, a proposición del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al observar la desaparición del Estado de Derecho, cuando el Jefe del Estado habla en nombre del Poder Electoral (CNE) al afirmar que no habrá Referendo Revocatorio; cuando desconoce las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional para conocer y aprobar el Presupuesto Nacional; cuando sostiene que las elecciones, incluso las de los gobernadores que tienen fecha fija en la Carta Magna, no son prioritarias para su gobierno; y en general cuando no cumple con los requisitos democráticos establecidos en Mercosur y en la OEA para poder pertenecer a dichos organismos.
Todo indica que estamos frente a una crisis terminal, que para ser superada requiere de un cambio democrático, de acuerdo a las exigencias de la mayoría de los venezolanos, e incluso de muchos latinoamericanos
