La Defensoría del Pueblo fue el ente mediador entre las partes que permanecen en diálogo, esperando encontrar un punto justo para ambos bandos.
Ayer un grupo de jóvenes acompañaron a Jaime Giménez, representante estudiantil de la Universidad Yacumbú (UNY), a reunirse con la defensora Elba Rodil y con autoridades del recinto universitario, esto ante la medida de suspensión que fue dada a su persona y a otros dos compañeros.
“Catalogaron como una falta de respeto el hecho de que nosotros defendiéramos nuestro rol que nos compete por ser centro estudiantil”, dijo Giménez quien destacó que en ningún momento se actuó de manera grosera en contra las autoridades.
Señaló además que éstas violaron el debido proceso, pues en ningún momento permitieron el acceso a las pruebas que supuestamente tienen en contra de los estudiantes y que los llevó a tomar la decisión de suspensión definitiva; ante esto, la defensora exhortó a que se presente la evidencia.
“Yo esperaré hasta mañana (hoy) para que lo hagan, de no ser así acudiré el lunes a primera hora al contencioso administrativo para que se inicie un proceso judicial”, aclaró Giménez.
Un abuso
Los estudiantes rechazan los incrementos que se han venido haciendo en las universidades privadas, creen que los mismos violentan el derecho al estudio debido a los altos costos y a la manera en la que se están ejecutando.
“Nosotros anteriormente pagábamos según el año de ingreso, pero desde el semestre pasado se pretende cobrar lo mismo a todos los estudiantes, sea nuevo ingreso o no”, aseveró Belys Torrealba, vocera estudiantil de la Universidad Antonio José de Sucre.
Los representantes además indicaron que en dicha institución se ha estado obligando a los estudiantes a firmar un contrato en donde se da a entender que en caso de que la Sundde regule los precios, los estudiantes no recibirán reembolso de dinero, situación que consideran una ilegalidad e injusto.
