Un grupo de usuarios afectados por el incremento de las tarifas del aseo urbano vigente desde agosto para tipo residencial, comercial e industrial, introdujo una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo a fin de solicitar la nulidad de la misma.
El abogado Heimold Suárez, quien encabezó la demanda, explicó que el ajuste fue ilegal y arbitrario, puesto que no existió una consulta en las comunidades previa a la publicación en Gaceta Municipal.
Dijo que de haberse consultado con los habitantes del municipio, el aumento no hubiera procedido porque no se justifica de acuerdo a la calidad del servicio que presta el Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imaubar).
Apuntó que la declaratoria de incremento fue suscrita por el ingeniero Miguel Rojas, presidente de Imaubar, y él no está facultado para tomar esa decisión.
Suárez considera que el aumento, que no fue anunciado previamente, golpea especialmente a las personas de escasos recursos y a microempresarios que sufrieron incremento de más del 100%.
La demanda introducida el 20 de septiembre de 2016, fue admitida por el Juzgado Contencioso Administrativo, quien ordenó la citación al Síndico Procurador del Municipio Iribarren, al presidente de Imaubar, al alcalde del municipio y al fiscal duodécimo del Ministerio Público.
Además, el Juzgado solicitó la publicación de un cartel en los medios impresos para que los interesados en adherirse a la parte demandante puedan comparecer en la audiencia de juicio.
Desde septiembre, la tarifa mínima residencial es de Bs. 400 y la más alta de Bs. 2.300, Imaubar ha reiterado que el ajuste tuvo que hacerse para continuar con la operatividad del servicio que incluye recolección de basura, disposición final y barrido.
Según la Ordenanza sobre Imaubar, el costo del servicio varía de acuerdo a la zona, tipo de vivienda, y metros cuadrados.
