Tiempos de roles invertidos se viven en Venezuela. Víctimas han pasado a ser victimarios en los hechos que desde el año pasado aumentan sin pausa: los linchamientos. El susurro está convirtiéndose en grito y el eco está resonando en varias regiones del país. Barquisimeto incluida.
Un balance presentado por la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, en un programa televisivo especificaba que desde finales de 2015 hasta abril de este año se abrieron 24 investigaciones por intentos de linchamiento.
En Lara, conforme a las estadísticas reflejadas en el Observatorio larense de conflictividad social desarrollado por la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) entre mayo y septiembre de 2016 se registraron 21 casos, en los cuales hubo 28 agredidos y de estos cinco fallecieron.
De este periodo junio y el recién finalizado septiembre fueron los que presentaron mayor número con siete y seis casos. El coordinador de Funpaz en la región, Andrés Colmenares, aclara que solo se le denomina linchamiento cuando por la golpiza muere el atacado. En cambio, se habla de intento de linchamiento cuando se da la agresión, pero la víctima solo resulta lesionada.
En junio, por ejemplo, en los siete casos hubo una decena de personas atacadas y de estas fallecieron dos. Mientras que en septiembre en las seis agresiones hubo siete individuos golpeados y de estos solo murió uno.
Las cifras arrojan que semanalmente en Lara ocurre un intento de linchamiento. El grueso de estas incidencias suceden en Iribarren, pues de acuerdo a los datos recogidos por Funpaz a partir de los reportes de la prensa de los tres principales medios impresos de Barquisimeto 16 agresiones tuvieron lugar en esta jurisdicción. Jiménez con tres y Palavecino y Torres con uno presentan la minoría del conteo global.
Estos “actos de irracionalidad, de bestialidad colectiva”, como lo define el sociólogo y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (Ucla), Nelson Freitez, están asociados al “estado de desamparo” que siente la población por la desconfianza hacia los organismos de seguridad.
“Básicamente, los Estados nacen con una misión de garantizar la seguridad pública de la población. Cuando eso ni siquiera lo puede garantizar un Estado, entonces, llegamos a esta irracionalidad en la que la población toma la justicia por sus propias manos”, explica Freitez.
En este punto coincide Colmenares. El grado de impunidad que empaña el sistema de seguridad, dice, es la causa principal de estos ajusticiamientos ejecutados en masa.
“Decimos que es una consecuencia (de la impunidad) porque la ciudadanía intenta controlar un delito, lamentablemente, cometiendo otro delito, producto de que el sistema de justicia venezolano está amparado por una impunidad absoluta”, argumenta el representante de la ONG defensora de los derechos humanos.
Ese índice de desconfianza hacia los efectivos de seguridad de cualquier componente desencadena, a su vez, una fractura en la forma como se percibe la autoridad, según lo confirma Freitez: “Evidentemente, hay una crisis de autoridad, si por autoridad entendemos la capacidad que tiene un conjunto de instituciones para que las normas prevalezcan como el modo de relación social predominante, de apego a las normas, el cumplimiento de lo que está establecido en las leyes. En Venezuela, hay una violación sistemática de la legalidad”.
Que un ciudadano sea asesinado en manos de una comunidad, muy pesar del prontuario del ajusticiado, concluye Colmenares, deja al descubierto la falla del sistema de justicia en el país.
Con todo, el linchamiento no deja de ser un acto rechazable, tal como lo enfatiza el coordinador de Funpaz. “Desde las organizaciones de derechos humanos condenamos este tipo de situaciones.
El derecho a la vida es fundamental consagrado en la carta magna y en la carta de la declaración de los derechos humanos universales y nos enfocamos más en visibilizar la responsabilidad de la víctima y los victimarios. La responsabilidad absoluta y plena es del Estado”.
