Al Gobierno le corresponde velar por el cumplimiento de los derechos humanos de todos los ciudadanos fundamentado en la Constitución, pero paradójicamente los viola constantemente utilizando la fuerza represiva, al transgredir el artículo 19 de la Carta Magna.
Con esta acción desproporcionada de poder versus pueblo indefenso, el Estado ignora el contenido de este artículo, el cual determina. “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.
No obstante, el Instituto Prensa y Sociedad recoge detalladamente los resultados de un estudio que abarca el período de enero a julio de este año sobre 546 violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) es una organización no gubernamental que trabajaba en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y el derecho a la información.
Refiere esta institución que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2016, Venezuela reportó 233 casos que encierran 546 violaciones a la libertad de expresión, duro golpe al sagrado derecho que tienen todos los venezolanos a recibir por cualquier medio de comunicación los acontecimientos que se generan en un momento determinado.
Estos casos comprenden agresiones y amenazas contra periodistas, ataques a sedes de medios de información, limitaciones a la cobertura de asuntos de interés público por hostilidad de grupos, detenciones arbitrarias por los cuerpos de seguridad, interrogatorios y seguimientos con fines intimidatorios.
Además, decisiones judiciales que derivan en censura, amenazas y acciones de tipo legal, declaraciones agraviantes de autoridades públicas, cierre de impresos, disminución y suspensión de ediciones por escasez de papel prensa y agresiones en el entorno digital.
Un hecho revelante durante los siete meses transcurridos de 2016 lo constituyó el mes de mayo.
Se trató del mes que contabilizó mayor número de conflictos, con 44 casos en el país.
Lo que fueron enero, febrero y marzo mantuvieron un número aproximado de alertas que no pasó de las 35, mientras que en junio se registraron 40 y durante el mes de julio la cifra redujo a 25.
Mayores conflictos
Los mayores conflictos ocurrieron en el Área Metropolitana de Caracas, donde se registraron 34 casos, y en los estados Bolívar 17, Sucre 16, Táchira 13, Aragua 13, Apure 13, Monagas 11 y Mérida (11).
Limitaciones que cercenan
El análisis también da cuenta de las restricciones que hubo en Lara (9), Miranda (9), Zulia (7), Portuguesa 6, Carabobo (6), Falcón (5), Vargas (5), Anzoátegui (5), Barinas (4), Cojedes (4), Delta Amacuro (4), Amazonas (2), Trujillo (3), y Nueva Esparta (1). De igual manera, se registraron 8 decisiones que tuvieron alcance nacional y 27 que ocurrieron en Internet.
Los mayormente afectados durante este período fueron reporteros (164), reporteros gráficos (53), locutores (11), editores (10), corresponsales extranjeros (8), camarógrafos (6) y productores (5), en su mayoría de medios privados (291), independientes (43) y extranjeros (23).
Los medios que guardan mayor número de violaciones a la libre expresión en los últimos siete meses del año resultaron ser los impresos, con el 44% (164); en segundo lugar, los de formato digital con el 25% (93); en tercer lugar, las televisoras con el 13% (47); y en el cuarto lugar las radioemisoras con el 12% (43). Asimismo, las fuentes en las que se registraron mayor número de denuncias fueron: política (43), comunidad (35), protesta (36), sucesos (29), parlamentaria (23) e investigación (12).
Las víctimas quedan atrapadas e indefensas
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, da cuenta que el 18 de mayo de este año, uno de los defensores de este órgano, Rigoberto Lobo, fue víctima de agresiones al momento que defendía a ciudadanos que eran objetos de ataques por parte de efectivos policiales en una manifestación que se llevaba a cabo en la ciudad de Mérida, para en ese entonces.
Este observatorio fundamenta su acción de defensa basándose en la Constitución de Venezuela y en los Tratados Internacionales suscritos por el país sobre derechos humanos, por lo que condena la violencia contra algunos de sus miembros, así como contra universidades y la población en general.
Indican sus representantes que cuando Lobo llegaba en un vehículo a Plaza El Llano observó comisiones policiales arremetiendo contra un grupo de civiles, por lo que cuando decidió acercarse para detallar lo ocurrido en entrar en defensa de ellos, fue recibido con disparos, en virtud del cual tuvo que escapar.
Antes, logró sacar dos fotografías que hoy documentan este hecho, y además auxilió rápidamente a una persona que se hallaba en el lugar, cerca de él, a quien los uniformados le produjeron una herida por arma de fuego en una de sus manos.
Por este caso, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes condensa y rechaza los actos violentos e insta a las autoridades pertinentes para que investiguen este tipo de hostigamiento.
Toma de Caracas con detenidos
Por su parte, el Foro Penal Venezolano registró en sus archivos en contra de la violación de derechos humanos 93 personas detenidas durante la Toma de Caracas, una manifestación opositora de la Mesa de la Unidad Democrática cuyo objetivo fue hacer presión al CNE para que anuncie la fecha para la recolección del 20% de firmas para el referéndum revocatorio del Primer Mandatario nacional.
Una vez más, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana reprimieron a las personas con bombas lacrimógenas y perdigones, violando sus derechos humanos y la garantía constitucional a la protesta pacífica.
No solamente en la capital del país ocurrieron detenciones durante ese día en la llamada Toma de Caracas.
En la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, aunque no hubo detenidos, reinó la represión por parte de las autoridades, con resultado de 34 personas heridas, quienes se encontraban en el sector el Obelisco de San Cristóbal.
Últimas detenciones
Del 1ro de enero al 10 de septiembre de 2016, el Foro Penal Venezolano ha contabilizado la cantidad de 2.396 ciudadanos puestos tras las rejas, por el hecho de ejercer el derecho a la protesta en el país.
Fue en la población de Villa de Cura, en Nueva Esparta, el lugar donde se produjeron las últimas detenciones el 2 de septiembre, por parte de una comisión de la Guardia Nacional.
La aprehensión fue de cinco personas, entre ellos tres, dos de ellos liberados posteriormente, por el hecho de tocar cacerolas en repudio al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encontraba en la localidad para encabezar un acto de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.
Cabe recordar que entre las cinco personas estaba el periodista, abogado y director del medio digital Reporte Confidencial, Braulio Jatar, quien se dirigía a la emisora de radio donde labora. Le imputaron el delito de legitimación de capitales y está detenido en la cárcel de Guárico.
