Si después de 52 años de guerra, más de 200 mil muertos y millones de desplazados, los colombianos llegaron a un gran acuerdo nacional, entre el gobierno que preside Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que pone cese al conflicto y abre las perspectiva de una paz duradera, no puede ser descabellado pensar que en nuestro país, con la participación de destacados representantes del gobierno y la oposición, y de organismos internacionales interesados en superar la mayor crisis económica, social y política que vive Venezuela, se encuentren mecanismos de negociación que conduzcan a la estabilidad de un estado de derecho.
El llamado a los venezolanos a un Acuerdo Nacional para la transición, dirigido a todos los ciudadanos, sin distingo de ideologías o de su militancia política, interesados en procurar un cambio del régimen de tendencia totalitaria por un gobierno democrático, que han propuesto diversos sectores pacifistas nacionales e internacionales, puede interpretarse por su contenido general, como una convocatoria a restablecer la vigencia plena de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela.
De allí que la responsabilidad de lograr un gran acuerdo nacional deben asumirla, en principio, tanto quienes forman parte de la oposición al actual gobierno, como los independientes que observan hacia dónde marcha el país impulsado por una política oficial que ha generado la mayor crisis económica y social conocida hasta hoy, y los chavistas militares y civiles que de distintas maneras han expresado en público o en privado, su desacuerdo con un liderazgo gubernamental incapaz para superar la crisis actual, corrupto o cómplice de la corrupción que ha despilfarrado y defalcado los mayores presupuestos que ha tenido el país en toda su historia. Un Acuerdo Nacional en el que se oigan las voces de los trabajadores, los empresarios, los jóvenes, los gremios profesionales, los políticos, los académicos, las iglesias y la Fuerza Armada para promover la constitución de un gobierno democrático.
Un gran acuerdo debe poner en vigencias todas las instituciones que caracterizan la democracia plena: libertad de los presos políticos, regreso de los exiliados; autonomía a los Poderes Públicos, que los Jueces juzguen y condenen a los culpables de delitos, por razones de verdadera justicia y no por venganza política. En síntesis, que se cumpla la Constitución Nacional, la Carta Interamericana Democrática y todos los acuerdos internacionales en la materia aprobados y refrendados por Venezuela.
En lo social se deben garantizar los derechos de la población de recibir servicios públicos eficientes como la electricidad, el agua y en particular una educación y una salud de calidad. Es urgente resolver el problema de la escasez y del alto costo de la vida que acosa a toda la ciudadanía y en mayor grado a los sectores de menores recursos; desmantelar las bandas criminales que actúan con impunidad contra el pueblo trabajador.
Y en lo económico se puede sintetizar que se requiere en el corto plazo estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y crear confianza para la inversión nacional y extranjera; devolver a sus legítimos dueños las empresas expropiadas y no pagadas; aumentar la producción de Pdvsa y nombrar una junta directiva capaz y honesta; trazar todas políticas que controlen la inflación, estimulen la producción nacional y para la exportación; desmontar los controles que ahogan la economía nacional y acabar con las mafias que se han enriquecido ilícitamente y con impunidad.
