Para exigir al Ejecutivo Nacional que transfiera los recursos que constitucionalmente corresponden a los gobiernos locales, los alcaldes del bloque de la Unidad marcharon este jueves hasta la Vicepresidencia de la República.
El mandatario de Iribarren, Alfredo Ramos, indicó que a esta jurisdicción el gobierno le debe más de 2 mil millones de bolívares que son necesarios para pagarle a los trabajadores municipales el aumento de salario mínimo decretado el 12 de agosto por el jefe de Estado.
«Los aumentos salariales y de ticket de alimentación, que son justos por la altísima inflación generada por el gobierno nacional, nos generó un déficit de aproximadamente 2.350 millones de bolívares, y sólo nos mandaron 314», manifestó.
«Resulta que esta es una estrategia perversa y ruin de Nicolás Maduro, de no enviarnos los recursos completos, sino una migaja, mientras que a los alcaldes del PSUV sí se los envían completos», denunció Ramos.
El objetivo de esta marcha, que partió de la Plaza Francia y culminó en el despacho de Aristóbulo Istúriz, fue exigir el respeto al derecho al situado constitucional y rechazar la imposición de criterios políticos en su distribución.
«No estamos pidiendo limosnas ni arrodillándonos, estamos exigiendo que nos envíe los recursos que por derecho constitucional le pertenecen a los gobierno locales, a todas las alcaldías y gobernaciones», destacó la autoridad de Barquisimeto.
El burgomaestre subrayó que no solamente han imposibilitado la obligación de honrar los compromisos laborales derivados del decreto presidencial, sino que además este mismo acto resulta injusto porque iguala hacia abajo a los profesionales y trabajadores que no resultaron beneficiados por el aumento porque no ganaban salario mínimo, pero ahora sí.
Unidad
Al igual que el alcalde larense, también marcharon los alcaldes de Chacao, Baruta, Sucre y el Hatillo, del estado Miranda, y la encargada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, junto a una numerosa representación de trabajadores de todos los municipios en conflicto.
«Cuando hacemos esta denuncia no estamos defendiendo los intereses de los alcaldes, sino los de miles de docentes, enfermeras, médicos, obreros, secretarias, policías y en general a todos los servidores públicos que estan ganando menos que el salario mínimo, porque los tres aumentos de este año están estrangulando a las alcaldías», destacó el dirigente de Voluntad Popular y autoridad de El Hatillo, David Smolanski, a quien deben casi 500 millones.
Ramón Muchacho, de Chacao, calificó la deuda como «perversa». «Aquí el drama es que no se le debe a un banco, sino a madres y padres, que son los trabajadores, los que financian el déficit de las alcaldías generadas por el retraso del gobierno central», manifestó.
Por otro lado, el alcalde capitalino informó que fueron recibidos por el director del despacho de la Vicepresidencia, Fidel Velásquez, quien se comprometió a coordinar una reunión técnica entre los despachos locales y la autoridad nacional con vías a establecer un posible calendario de pagos.
