La dirección de la Universidad Metropolitana (Unimet) rechazó en forma categórica el secuestro perpetrado por efectivos del Sebin contra la decana de la escuela de Derecho de esa casa de estudios, Andreyna Febres-Cordero, quien fue «visitada» en su residencia el 20 de septiembre por el cuerpo policial.
La medida, afirmó un comunicado, fue una agresión a los derechos constitucionales.
“La permanencia de estos funcionarios en el hogar de la profesora, sin retirarse sino en las condiciones por ellos exigidas, implicó una restricción del derecho a la libertad de esta ciudadana, en términos contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por la República, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala el texto.
Así mismo, la casa de estudio exigió “el cese de actuaciones de las fuerzas policiales y militares que no sólo privan ilegítimamente de libertad a las personas, tal como es el caso que rechazamos con este pronunciamiento, sino también pretenden darle denominaciones distintas (retención, invitación a dialogar o declarar, conminación, entrevista, entre otras), tratando así que estos hechos no sean investigados ni sancionados, es decir, que permanezcan impunes”.