En la actualidad, en la ciudad de Quíbor se conduce el Segundo Diplomado en Gobernabilidad y Participación Política, coordinado en esta ocasión diligentemente por la doctora Milenna Jiménez y bajo los auspicios de la Corporación Andina de Fomento, la Universidad George Washington, la Universidad Católica Andrés Bello y la Alcaldía del Municipio. Diplomado que se replica en diversas ciudades del país.
En un ambiente fraterno, en el mes de agosto tuvimos oportunidad de discutir con profesionales de diversas áreas acerca de la naturaleza y alcance de la crisis económica venezolana, más concretamente sobre la crisis financiera. Revisada la bibliografía, expuestos los contenidos básicos y examinadas algunas cifras, salió a relucir la misma inquietud que aparece en otros escenarios con participantes distintos: “nuestra crisis no tiene comparación, porque Venezuela es diferente a los demás países”. Cada quien expresa, con variados argumentos y ejemplos, los rasgos diferenciadores, pero, cosa curiosa, pocos atisban a señalar por qué somos distintos y por qué la política ocupa lugar tan prominente en nuestra vida. Ese punto es el que deseamos compartir, importante como el que más.
La razón ha de encontrarse en que Venezuela, más que petrolero, es un país que tiene un Estado patrimonial. Éste dispone de dos fuentes de ingresos públicos, a saber: uno de origen externo, la renta petrolera; sin esfuerzo productivo alguno, recibe dólares del resto del mundo por el solo hecho de ser propietario de un recurso que la naturaleza caprichosamente quiso depositar en nuestro subsuelo. Y otro, de origen interno, en bolívares, que capta mediante la recaudación de impuestos. La proporción de los ingresos externos con respecto a la recaudación interna es muy grande, y varía con el vaivén de los precios del petróleo. En épocas de vacas gordas, el Estado es muy poderoso. En vacas flacas, pobre y vulnerable.
En los países no privilegiados por la naturaleza, las cosas funcionan de otro modo. Existe un Estado fiscal, con una sola fuente de ingresos: la recaudación de impuestos. Los gobiernos están obligados a cuidar sus contribuyentes, para agenciarse los recursos. Procuran, por lo tanto, propiciar condiciones adecuadas para que se desarrollen inversiones, se genere empleo, se eleve la producción y los empresarios obtengan ganancias. Parte de las ganancias son transferidas al Estado en forma de impuestos. Si a los empresarios les va mal, el Estado colapsa. De modo que en los estados fiscales, tanto empresarios como gobierno se necesitan y condicionan mutuamente.
En el Estado fiscal, que vive de las contribuciones impositivas y carece de ingresos propios, las crisis se enfrentan modificando las tasas impositivas y el volumen de gasto público. En el Estado patrimonial se “torea” la crisis, se corre la arruga con devaluaciones, endeudamiento externo y emisión inorgánica de dinero, hasta tensar totalmente la cuerda, y zas. La crisis se agudiza mientras se espera una milagrosa subida de precios en los mercados internacionales. Hasta que adviene irremisiblemente el colapso. Rotos los circuitos de acumulación de capital privado, por la acción depredadora del Estado patrimonial, en caso de mejoría en los precios, la recuperación económica es demasiado lenta y difícil, la crisis se hace insoportable.
La particularidad venezolana en el siglo XXI es que luego de disponer de un enorme poder de compra internacional (capacidad importadora), se ha quedado sin dólares y sin productos importados en los anaqueles. El Estado adoptó decisiones que entrabaron el funcionamiento del mercado y la dinámica general de la economía. Los controles de precios o de cambio son muestra de ello. Impuso medidas sin necesidad de negociar, acordar o consultar con los involucrados. Incluso fue más lejos, entró en confrontación abierta con empresarios y productores para alcanzar sus propios objetivos, imponer su dominio.
Al desplomarse el ingreso petrolero de manera sostenida, el Estado patrimonial se viene abajo, fallan sus cimientos. Esta circunstancia ya se vivió entre 1981-1998 cuando el barril se desplomó de 36 dólares a 10 dólares, arrastrando en su caída su correlativo modelo político llamado la IV República. El Estado, sin fuentes alternativas para suplir los ingresos que el petróleo dejó de proporcionar, apeló a devaluaciones y al endeudamiento hasta que colapsó. Hoy estamos en situación similar, con el agravante de que en esta ocasión el endeudamiento se realizó en plena época de vacas gordas, y la crisis nos encuentra con las líneas de crédito externo prácticamente cerradas.
El verdadero problema del Estado patrimonial al presente es que al desplomarse el precio del barril, digamos de 100 a 30 dólares, la cancelación efectiva de la deuda deberá extraer tres veces más barriles petróleo, sin contar los intereses. Esta es una de las poderosas razones que hacen inviable el socialismo del siglo XXI. La pregunta responsable que cada día se hacen más venezolanos preocupados es: ¿De dónde van a salir los dólares que necesita el país, si el petróleo no da para más?
La respuesta es única: del Estado fiscal, que comienza a erigirse.
