La comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, presentó este sábado un comunicado público, para conmemorar el día de la Virgen de Las Mercedes, patrona de los privados de libertad.
En este pronunciamiento, los altos prelados aseguran que el hacinamiento, los tratos crueles y la corrupción en los centros penitenciarios del país, son los principales problemas que actualmente vive la población reclusa.
“La situación carcelaria en Venezuela, con base en las estadísticas presentadas por las diferentes ONGs de Derechos Humanos entre las cuales resalta la del Observatorio Venezolano de Prisiones, sigue presentado violaciones recurrentes a los derechos fundamentales y demás instrumentos jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela”, aseguran.
Aseguran que la población penitenciaria es víctima de una vulneración reiterada y sistemática de los derechos humanos, y esto se debe básicamente a factores como “el hacinamiento en los internados judiciales, centros penitenciarios, y retenes policiales en un 190%; insalubridad de las infraestructuras, instalaciones y deficiencias en la atención médica de los recluidos; uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades llamadas a garantizar el control de las prisiones”.
Asimismo la Conferencia Episcopal Venezolana, precisa que también los reclusos sufren de “tratos crueles con algunos casos de presos políticos; retraso en los traslados que inciden en los plazos judiciales por la inobservancia el debido proceso; la existencia de algunos internos desadaptados (pranes) de centros penitenciarios que indican el poco control de las autoridades sobre estos grupos, permitiendo actividades delictivas dentro de las instalaciones”.
Denuncian además que los familiares también reciben tratos crueles y degradantes por parte de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, que se niegan en casos puntuales, a proceder con las órdenes de excarcelación emanada por los tribunales competentes.
Los obispos de la Comisión de Justicia y Paz, aseguran que todos los derechos están plenamente consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las penas establecidas en el Código Sustantivo Penal Vigente, por lo que piden al gobierno que respete y haga valer esta normativa.
“Instamos al Gobierno a través de sus órganos competentes a cumplir y hacer cumplir con los derechos y garantías que asisten a los encarcelados y sus familias y recordarles así mismo las sanciones previstas en la normativa penal vigente que tipifican las acciones y omisiones de los funcionarios que incurran en estas conductas.
A los funcionarios a encontrar la justicia, sentido de equidad y celeridad en su trabajo. A nuestros agentes pastorales a conocer los problemas de tantos hermanos encarcelados, en quienes está el mismo Cristo, nos urge a no quedarnos pasivos e indiferentes y a multiplicar obras de misericordia”.
Finalmente, la CEV agradece y valora a todos los que, con responsabilidad y profesionalidad, brindan en un contexto nada fácil, su servicio en los recintos penitenciarios, buscando el bien común.
