El presidente de la República, Nicolás Maduro, se atribuyó poderes plenos e ilimitados en franca violación de la Constitución y el estado de Derecho, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
La medida expresa en el nuevo decreto de Estado de Excepción y Emergencia económica emitido el pasado 13 de septiembre, y cuya “constitucionalidad” fue declarada este jueves por la Sala Constitucional, representa de facto la abolición de la tutela judicial de los venezolanos y el poder absoluto del Ejecutivo.
“Con el Decreto N° 2.452 el gobierno nacional busca otro ropaje jurídico para librarse de los controles que la Constitución establece. Este acto permite al Presidente de la República establecer un marco regulatorio paralelo a las normas constitucionales y legales que se encuentran temporalmente suspendidas por el propio decreto, desconociendo los venezolanos en qué medida se verán afectados nuestros derechos y sin contar con un Poder Judicial que otorgue protección y garantía, como ha demostrado hasta ahora el Tribunal Supremo de Justicia”, advirtió la ong este jueves.
Entre las desviaciones “obvias” presentes en el decreto, la organización destaca el despojo de las atribuciones del Legislativo nacional, que prácticamente es declarado extinto.
“El decreto mismo dice que escapa al control parlamentario, tal como señala su último considerando, bajo el pretexto del “desacato” en que ha incurrido la Asamblea Nacional, y más alarmante aún es que el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de la negativa de la Asamblea Nacional, lo haya declarado constitucional, ignorando la prohibición expresa contenida en el título 8, capítulo 2 de la exposición de motivos de la Constitución”, señaló.