El poder electoral venezolano descartó que el referendo revocatorio que promueve la oposición contra el presidente Nicolás Maduro se pueda realizar este año, con lo cual el chavismo se asegura su permanencia en el poder hasta 2019.
¿Qué sigue ahora?
La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) deberá recaudar, entre el 26 y 28 de octubre, 3.893.128 rúbricas (20% del padrón electoral) para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame a las urnas. Dispondrá de 1.356 puntos de recolección y siete horas diarias para hacerlo.
Si cumple ese requisito, el CNE convocará la consulta a comienzos de diciembre, tras lo cual correrán los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para llevarla a cabo. El evento recién se celebraría en marzo de 2017, anunció la entidad electoral este miércoles.
Para deponer a Maduro, el «Sí» debería sacar más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido el mandatario para completar el período de seis años del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
Chavismo hasta 2019
Aunque consideró ilegales las condiciones fijadas este miércoles por el CNE, la oposición auguró una derrota del gobierno en el recaudo de firmas. De momento estudia las acciones que tomará, insistiendo en que el referendo se debe realizar este año.
Durante el proceso, la MUD ha puesto como ejemplo que el CNE se tomó apenas un mes para organizar las elecciones en que fue elegido Maduro -el 13 de abril de 2013- tras la muerte de Chávez el 5 de marzo.
Para la oposición, el revocatorio sólo tiene sentido si se realiza antes del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del mandato para el que fue elegido Chávez y completa Maduro.
Si el referendo efectivamente ocurre después de esa fecha y Maduro pierde, la Constitución prevé que el vicepresidente -nombrado por el mandatario- lo reemplace. Si la consulta se realiza antes, y el «Sí» gana, habría elecciones, pero hoy ese escenario está descartado.
Maduro había dicho insistentemente que este año no habría revocatorio, al alegar que la MUD inició los trámites tardíamente en lo que considera un proceso fraudulento.
Trabas y demandas
Además de la imposibilidad de realizar la consulta este año, la oposición deberá sortear trabas logísticas para la colecta de firmas que le atribuye a la autoridad electoral, empezando por la cantidad y ubicación de los puntos de recaudo, y el número de máquinas de identificación biométrica.
Pedía 19.000 de esos dispositivos para los 19 millones de electores, pero le autorizaron 5.392, sobre una proyección de cuatro millones de personas.
También exigía que la recolección del 20% fuera a nivel nacional, pero el CNE decidió que ese porcentaje corresponda al registro electoral de cada estado. Con un solo estado que no logre el mínimo, el proceso quedará invalidado.
Además, el 13 de junio Maduro demandó la recolección de firmas por «fraude» ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que según juristas podría acarrear el retraso del proceso e incluso su anulación.
El gobierno también planteó una demanda en la Fiscalía por usurpación de identidad contra los promotores del referendo, aduciendo que entre las firmas invalidadas por el CNE para activar el proceso figuraban miles que pertenecían a personas fallecidas, presos y menores de edad. Otros 8.600 recursos contra la iniciativa han sido interpuestos por el oficialismo.
La calle
La oposición ha dicho que tomará las calles si el revocatorio no se hace en 2016. El 1 de septiembre pasado aseguró haber movilizado a un millón de partidarios en Caracas para exigir la consulta.
Algunos de sus dirigentes advierten sobre el riesgo de un estallido social por la gravedad de la crisis económica.
Para el analista Benigno Alarcón, las complicaciones que interpone el CNE en el tramo final hacia el revocatorio podrían desgastar a la MUD. En tal caso, avizora un recrudecimiento de la conflictividad.
