“Las leyes y la justicia existen”, con esa premisa abrió su derecho a réplica la señora Patricia Torres Hernández (propietaria del inmueble donde cumplía labores educativas el Colegio Cantaclaro) quien se avocó a la Sala de Redacción del Diario EL IMPULSO para exponer su verdad con relación al desalojo de la referida institución educativa.
Ante esto, Hernández señaló que la acción fue el resultado de ocho años de litigio pues, una vez que la prestadora de servicio a Cantaclaro se retrasó en el pago del arrendamiento y mostraron incapacidad para obtener la solvencia del canon establecido en el contrato, ellos decidieron contactarlos y solicitar la entrega voluntaria de las instalaciones. “Acción que no fue llevada a cabo por falta de voluntad” y obligó a Hernández a trasladarla a los juzgados.
“Durante todo este tiempo de diligencias y trámites judiciales las acciones que se realizaron por parte de nosotros fueron totalmente diáfanas y encaminadas a proteger los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que hacían vida escolar en el colegio. Cosa que no sucedió por parte del plantel porque ellos utilizaban su matrícula y a los padres y representantes para negarse a cumplir con la ley”, así lo señaló la propietaria del inmueble con la intención de desmentir que el desalojo haya sido de manera arbitraria e irresponsable.
Así mismo, Hernández destacó que el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a otras instancias judiciales donde el fallo siempre salió a su favor “y no porque el proceso estuviese viciado, sino porque nosotros estábamos cumpliendo a cabalidad con lo que estipula la ley”. Cosa que no podría decirse de la firma jurídica Colegio Cantaclaro, pues “ellos incumplían con elementos tan básicos como el permiso de habitabilidad, arrendamiento, entre otros”.
Con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en vísperas del inicio de clases, Hernández refirió que el proceso de desalojo “fue tan pulcro” que ella y su equipo de representantes, aún cuando esto era tarea del plantel, “veló porque todos fuesen reasignados de manera asertiva a los centros educativos donde pudieran satisfacer su derecho.
Por su parte, el Colegio Cantaclaro debe, según lo establecido en la medida judicial que falló en beneficio de los propietarios del inmueble, hacer el reintegro del dinero a aquellos representantes que hayan pagado la inscripción del nuevo año escolar (“pues se le fue cobrada por adelantado y en su totalidad”) y velar porque las instituciones asignadas acepten la lista de útiles escolares ya solicita.
Hernández aprovechó la oportunidad para denunciar que lo tardío del proceso y las complicaciones que se presentaron durante el mismo, tuvieron que ver con “intervencionismos políticos, específicamente del partido del Progresismo, quienes, a sabiendas de que eso es peculado, hasta prestaron sus vehículos para el traslado de los bienes que fueron extraídos de la propiedad durante el desalojo”.
