Los conflictos en materia salarial siguen a la orden del día. Ante la caída del poder adquisitivo del venezolano, la creciente inflación y los reiterados aumentos salariales, decretados desde la presidencia de la República, el movimiento laborista del país se mantiene entre reclamos.
Semanas atrás, en reunión de la Comisión de Avenimiento del Sector Construcción, la Cámara Bolivariana de la Construcción, solicitó en pleno debate que, motivado a la crisis económica, se sumará un 15% de aumento al 15% ya convenido en contratación colectiva y pagadero a partir del 1 de octubre, lo que resultaría en un incremento del 30%. La petición incluyó retroactividad desde el 1 se septiembre.
Ante la propuesta la Cámara Venezolana de la Construcción estudia los escenarios. No obstante, el Sindicato Únicos de Trabajadores de la Construcción en Lara (Suticel), sostiene que la petición queda corta ante las carencias de los trabajadores.
Pedro Peña, presidente de Suticel, planteó que se solicite un incremento del 100%, con base en el salario actual, además del pago en efectivo del bono de alimentación, ya que el instrumento de pago actual no permite adquirir, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) o en las colas, los productos de primera necesidad.
El dirigente sindical en Lara sostiene que si el incremento no es superior al 30%, en un próximo incremento salarial por mandato presidencial, el tabulador quedaría solapado, ya que el salario mínimo diario nacional es de Bs. 752 y en el sector el nivel más bajo del tabulador percibe Bs. 702.
El sueldo mínimo ya superó la base del tabulador, por lo que alertan que un incremento del 30%, no sería suficiente como para no verse afectados con un posible aumento del salario mínimo, que se especula pueda ser antes de diciembre. Reitera será menos favorable el ajuste del 15%.
Por su parte, Héctor Contreras, representante regional de la comisión transitoria de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) manifestó que más allá del texto legal existe una realidad social que debe ser atendida.
En este sentido, apuntó que a pesar de que el gobierno dicta constante aumentos del salario integral, estos son insuficientes, ya que el gastos por canasta básica familiar supera los Bs. 300 mil, según estimados.
Privados son los más afectados
Al respecto, Francisco Mendoza, presidente de la Cámara de Construcción en Lara, dijo no desconocer la necesidad y los requerimientos de los trabajadores de la construcción y de la población en general. No obstante, manifestó que la petición ha tomado por sorpresa al sector, que además se encuentra “paralizado” por el limitado número de construcciones.
Recordó que según contratación colectiva 2016-2018, que comprende aumento salarial del 105%, al sector le corresponde un ajuste del 15% a partir de octubre (restarían 25% para el 1º de mayo y 15% para el 1 de octubre de 2017), compromiso que asumen junto con los ajustes de salario mínimo y bono de alimentación.
Subrayó que existe un contrato colectivo vigente, firmado por gobierno, representante de trabajadores y patrono.
No obstante, Mendoza cuestionó que además soliciten el pago 30% de ajuste, a partir del 1 de septiembre, lo que representaría una retroactividad, que además debería ser asumida junto con otros compromisos del mismo mes, entre estos el pago de 35 días de salario, por beca para útiles escolares, por trabajador, por hijo.
-A quienes más afecta es al sector privado, porque el sector construcción público trabaja con base en un presupuesto que les es otorgado del Presupuesto Nacional por el Gobierno Nacional y si lo necesitan solicitan crédito adicional, pero nosotros no gozamos de beneficios como ese.
Recordó que el sector atraviesa un periodo de crítica contracción, con lo cual un incremento automático por encima de lo establecido en contratación colectiva podría reducir aún más la “pocas metas alcanzadas en el año”.
Instó a los demás miembros de la comisión de advenimiento a tomar la decisión basado en las condiciones de todas las partes.
