La oposición venezolana buscaba este jueves rearmar su estrategia de presión contra el presidente Nicolás Maduro, tras el anuncio del poder electoral que sepulta su intención de sacarlo del poder este año mediante un referendo revocatorio.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciará en las próximas horas acciones legales y de protesta para insistir en el revocatorio, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de servir al gobierno, anunció la noche del miércoles que la consulta se efectuaría en marzo de 2017.
Esa fecha imposibilita un cambio de gobierno, pues la ley estipula que, para que haya nuevas elecciones, el referendo debe realizarse antes del inicio del cuarto año de mandato, que Maduro cumplirá el 10 de enero de 2017.
«Violan el derecho de los venezolanos a salir del presidente mediante la vía constitucional del referendo. Lo que viene es una protesta masiva, pacífica, contundente, enérgica», dijo este jueves el vocero de la MUD, Jesús Torrealba, quien agregó que también se está definiendo un «camino legal» para lograr un cambio de gobierno.
La oposición considera que el referendo es una «válvula de escape» al enorme malestar popular por la crisis económica, con una agobiante escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en un 720% para este año.
Maduro, a quien este jueves le correspondía dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU -en su lugar lo hará la canciller Delcy Rodríguez-, aún no reacciona al anuncio del CNE. Pero el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, celebró con ironía: «¡No te vistas, que no vas! Queda muy claro que en 2016 el referendo no va».
Cuesta arriba
Pero aún falta una etapa antes de ir al referendo. El CNE estableció que la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para llamar a la consulta, será del 26 al 28 de octubre, bajo condiciones que la MUD considera «inconstitucionales».
La MUD exigía que la recolección del 20% fuera a nivel nacional, pero el CNE decidió que ese porcentaje corresponda al registro electoral de cada estado, lo que pone las cosas cuesta arriba pues con un solo estado que no logre el mínimo de firmas, el proceso quedará invalidado.
«La indignación es un tremendo combustible político. Lo del 20% (…) no es que es absurdo, sino que la Constitución dice claramente que es nacional», afirmó la analista Colette Capriles.
Además, el CNE aprobó 5.392 máquinas de registro de firmas y huellas para esa etapa en función de cuatro millones de personas, mientras la MUD pedía 19.500 para los 19 millones de electores venezolanos, esperando un masivo apoyo al referendo que sobrepase los 7,5 millones de votos que se requieren para revocar a Maduro.
«El CNE aprobó las peores condiciones posibles para el 20%. El sesgo político de la decisión es innegable», consideró el experto en asuntos electorales Eugenio Martínez.
Los peligros
Ante el anuncio del CNE, los analistas advirtieron de varios riesgos.
Para Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis, era una decisión «previsible». «La incertidumbre (…) es sobre cuál será la respuesta de la oposición y si puede evadir la fractura».
«El gobierno busca dividir a la MUD, pues su cálculo es que las discusiones internas van a escalar; otra intención es generar focos de violencia, en cuyo caso veríamos mayor represión y paralización del proceso revocatorio», aseguró a la AFP Francine Jácome, directora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.
Para los analistas, la recolección de firmas sería de por sí un referendo. Ocho de cada 10 venezolanos, según Datanálisis, quiere cambiar al gobierno. Sin embargo, es posible el desánimo frente a esta fase y la eventual consulta.
«Es muy difícil que la gente vote si sabe que quedará el mismo gobierno. Todo dependerá de cómo se deteriore la situación desde este momento hasta el día del hipotético referendo», aseguró Martínez.
Si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017, como anunció el CNE, y Maduro pierde, el mandato lo concluirá su vicepresidente, que actualmente es Aristóbulo Istúriz.
El vicepresidente dijo la semana pasada a la AFP que no le pasa por la cabeza ser presidente, pues está seguro de que Maduro gobernará hasta enero de 2019.
La MUD ha intentado mantener movilizados a sus partidarios, pero esa estrategia ha perdido impulso tras la multitudinaria marcha del 1 de septiembre en Caracas, que asegura reunió a un millón de personas.
«El gobierno busca desmotivar, pero podría tener el efecto contrario ante la indignación», aseguró Jácome, quien estimó que «es hora de que la MUD establezca vínculos cercanos con las organizaciones civiles» para hacer de la protesta un arma efectiva.
En este panorama, los analistas advierten de un empeoramiento de la crisis económica en 2017, como factor que podría ser leña al fuego para un estallido social.
