“Queremos trabajar en paz, queremos trabajar en paz, queremos trabajar en paz”, coreaban trabajadores de empresas Polar de los estados Yaracuy, Portuguesa y Lara, durante una protesta llevada a cabo este martes en las instalaciones de Barquisimeto.
Además de las consignas portaban pancartas con leyendas como: “Nos meten presos por defender la distribución justa; Liberen a Layra; Somos guerravalientes, no delincuentes; ¿Por qué nos siguen quitando los propductos?”.
Yebetzy Pérez vino del centro de distribución de Acarigua, donde hace unos ocho días llegaron funcionarios de la Inspectoría del Trabajo con guardias nacionales fuertemente armados, rompieron los candados del portón principal y se llevaron detenidos a varios trabajadores, incluyendo a los vigilantes.
Pérez se quejó de la repetición de las intervenciones de diferentes autoridades en los centros de distribución, además de las detenciones ilegales, como es el caso de Layra Parra, gerente en Yaracuy, quien lleva ocho días bajo arresto, pese a que un tribunal ordenó su libertad.
“Pedimos más repeto para los trabajadores de Polar en todo el país; que nos dejen trabajar y no nos estén acosando como delincuentes; exigimos que nos dejen seguir produciendo para sacar a este país adelante”, afirmó la joven.
Mientras ella declaraba, el grupo de compañeros seguía voceando consignas, insistiendo en la de “Liberen a Layra”.
Enfatizó que con esas acciones, que son consideradas ilegales desde todo punto de vista, no les van a amedrentar, y que seguirán protestando hasta cuando sea necesario porque eso está permitido en la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Consultada sobre la cantidad de empleados de las empresas Polar que desde que se inició la arremetida han sido víctimas de detenciones calificadas de arbitrarias, respondió que la cifra está en unos 20, lo que, lógicamente, ha generado cierta preocupación entre ellos, aunque se mantienen dispuestos a defender sus puestos de trabajo.
En la reunión se puso como ejemplo lo que está ocurriendo en el centro de distribución de Yaracuy, que, de acuerdo a algunos de sus empleados, en lo que va del presente año ha sido objeto de unas 20 inspecciones, pese a que de manera permanente están aportando las informaciones requeridas sobre la distribución de los artículos alimenticios que produce, incluyendo la harina precocida.
“Con esas amenazas de ocupaciones de las plantas no nos van a meter miedo porque estamos concientes de que no estamos cometiendo delito alguno, pero sí exigimos, como estamos en un país democrático, que dejen esa ofensiva contra una empresa que lo único que está haciendo es garantizarle a la población el suministro de muchos de los productos alimenticios que han desaparecido debido a las malas políticas económicas del Gobierno nacional”, manifestó otro de los trabajadores.
