Más de 60 grupos patrióticos y de lucha que hacen vida en el centro de la ciudad de Barquisimeto y sus periferias, rechazaron que la alcaldía de Iribarren haga uso del rescate administrativo de terrenos urbanos para posteriormente comercializarlos, aún cuando el pueblo ya había reclamado su uso.
Sostienen que aunque la figura es totalmente legal, es “ilegítimamente ejercida contra pueblo organizado”, que según mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el legado del fallecido presidente Hugo Chávez, es en quienes reside el poder.
Jorge Arroyo y Anyelo Cubiro, en representación de los colectivos afectados, sostienen que la situación ha sido denunciada en las tres instancias de gobierno, pero ninguna ha dado respuestas. Rechazan con especial sentido el silencio del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), que conoce del caso e incluso se ha mostrado ausente en mesas de dialogo convocadas por la Defensoría del Pueblo.
Arroyo dijo rechazar la “criminalización” de la lucha por los espacios públicos del pueblo organizado, que entre tantos casos, ha notificado el abandono y solicitado el uso de terrenos como el ubicado en la carrera 18 entre 19 y 20, que aseguran ha sido entregado a la “burguesía inmobiliaria”.
Dijo también repudiar que se dé uso de “mercancía” a los suelos urbanos y que se les arrebaten al pueblo, cuyo propósito es convertirlos en espacios de uso habitacional y/o recreacional.
Cubiro reiteró que el poder reside en el pueblo y que los gobernantes debe atender a sus reclamos y llamados.
Aseguró que se mantendrán organizados y movilizados ante el “asedio de organismos locales, estadales y nacionales”.
Por su parte, Juan Carlos Moreno expresó que las instituciones no deben dar la espalda al pueblo, sino abrir sus puertas y atender lo expreso en la ley.
