La denuncia permanente de algunos sectores minoritarios e incluso individualidades muy respetables, contra el sector mayoritario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque adelantan un diálogo exploratorio con representantes del gobierno, a la luz de la más elemental interpretación periodística, resulta una manifestación de desconfianza en la firmeza y honestidad política de quienes representan a la mayoría de la oposición.
En política, e incluso en guerra en cualquiera de sus modalidades: convencional o irregular, el diálogo siempre ha estado presente en momentos de las más graves crisis sociales o políticas que enfrentan a sectores con diferentes formas de pensar, con claros y mutuos intereses para buscar la solución que satisfaga a ambos contenderos.
En política el diálogo, como lo realizan los colombianos, se establece entre factores de poder, que generalmente tienen profundas diferencias ideológicas en cuanto a la conducción del Estado, con la finalidad de normalizar la vida política, económica y social de la nación. Por eso las conversaciones que se han realizado en Cuba entre representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, previo acuerdo de que el mismo tiene como objetivo buscar y encontrar la paz definitiva en el vecino país, ya la firma está fijada para el 26 de este mes.
En nuestro país estamos enfrentados a peligrosas manifestaciones de violencia en los barrios populares, entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa y de los paramilitares del gobierno, que amenazan a la clase media y a toda la población. También existe un estado de permanente violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en opinión de la mayoría de los demócratas nacionales e internacionales, requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho.
El gobierno cree que tiene la verdad en sus manos, lo que le debe permitir continuar en el poder por tiempo indeterminado o por lo menos hasta el 2019. Los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que tiene el respaldo del 80% o más del electorado nacional, piensa que debe convocarse a un Referendo Revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, tal como lo establece la Constitución Nacional Bolivariana, aprobada por el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, refrendada por el voto popular.
Estos hechos revelan lo complicado y difícil de creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del propio Presidente, que trata de buscar su legitimación en el mundo económico y social, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá avanzar. Nicolás Maduro y la totalidad de su gobierno, incluyendo los parlamentarios oficialistas, no sólo actúan al margen de la tendencia mundial a la convivencia civilizada, sino también en contravención al Orden Jurídico Interamericano, cuando proceden con absoluta complicidad en la flagrante violación de la Ley fundamental de la República.
Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión, acudir al diálogo y garantizar justicia y no retaliación al adversario, después del Referendo Revocatorio, que de acuerdo a las encuesta tiene ganado la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario dejar de lado a los talibanes y extremistas del oficialismo y de la oposición, que desde posiciones muy cómodas, por lo general exclusivamente teóricas, plantean a los líderes que conducen la administración pública y la lucha por un cambio democrático, que radicalicen sus enfrentamientos.
