La fiscalía Brasil acusó el miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser el «comandante máximo» de la red de corrupción en Petrobras, una denuncia que cayó como una bomba en un país sacudido por las crisis políticas.
El jefe de los fiscales que investiga el caso, Deltan Dallagnol, afirmó en una rueda de prensa en Paraná (sur) que el exmandatario (2003-2010) estaba en la cima del esquema que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, revelado por la Operación Lava Jato (lavadero de autos).
«Sin el poder de decisión de Lula, ese esquema sería imposible», afirmó, al definir el caso también conocido como «Petrolao» como «el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil».
Según Dallagnol, en esta causa -una de las múltiples del expediente que ya se tradujo en más de un centenar de sentencias- Lula recibió unos 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) «en sobornos pagados disimuladamente».
Reveló además que se había constatado que la constructora OAS, una de las principales involucradas en la trama político-empresarial de sobornos en Petrobras, transfirió recursos al expresidente mediante la reforma de un apartamento tríplex y de un contrato falso de almacenamiento de bienes personales.
La esposa del exmandatario Marisa Lericia Lula da Silva también fue denunciada.
Lula, de 70 años, ha negado todos los cargos, muchos de los cuales ya habían sido revelados por indagatorias policiales que forman parte de la causa.
Pero en la nueva denuncia, se convirtió en el gran orquestador del esquema.
El «Petrolao» fue un sistema que operó durante una década en la estatal Petrobras, por el que las mayores constructoras de Brasil sobornaban a ejecutivos de la compañía, que a su vez eran designados por partidos políticos, a cambio de contratos.
Las empresas sobrefacturaban las obras y el excedente generado era luego distribuido entre las agrupaciones políticas para financiar sus campañas y entre los participantes para su enriquecimiento personal.
Los escándalos fueron el gran motor de las protestas contra el Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Lula y contra el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, que fue destituida el mes pasado por presunto maquillaje de las cuentas públicas, en un juicio político sin conexión con la investigación de Petrobras.
Lula estaba acusado, también, de intentar obstruir las investigaciones de la Operación Lava Jato.
Decenas de legisladores con cargos vigentes se hallan bajo investigación del Supremo Tribunal Federal (STF) por este caso que también ha llevado a la cárcel a varios importantes empresarios brasileños.
