La oposición espera conocer el martes la fecha de recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, pero para mantener la presión por la consulta realizará un día después una nueva jornada de protesta.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), al que la oposición acusa de aliado del gobierno, debe definir la fecha y las condiciones en que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tendrá que reunir, en tres días, esas rúbricas (20% del padrón) requeridas por ley para llamar a las urnas.
«Esta semana es crucial para nuestro país. Las alternativas aquí son dos: Se cumple la ley o no tendremos otra salida que salir a protestar contundentemente», advirtió este lunes el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
La MUD exige unas 40.000 máquinas receptoras de firmas y huellas dactilares, y que el 20% sea nacional y no que ese porcentaje corresponda al registro electoral de cada estado. Con uno solo que no logre el mínimo, el proceso quedará invalidado.
Así lo exigió el CNE en la anterior etapa, en la que la MUD tuvo que recabar firmas equivalentes al 1% del padrón para ser admitida como promotora de la consulta.
«No vamos a permitir otra sirvengüenzura», dijo Torrealba al llamar a la movilización el miércoles, parte de la estrategia de presión que inició la MUD con la multitudinaria marcha del 1 de septiembre y siguió con otra manifestación en las regiones siete días después.
Para la MUD, a la que el gobierno acusa de propiciar un golpe de Estado con sus protestas, la urgencia no es para menos: si el referendo se realiza antes del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, habrá elecciones presidenciales; pero si tiene lugar después de esa fecha y es revocado, le sustituiría su vicepresidente.
El excandidato presidencial Henrique Capriles amenazó incluso con que si el CNE no hace el anuncio, la oposición se movilizará en la isla de Margarita, donde se celebrará esta semana la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL).
Para aumentar su presión, el Parlamento, de mayoría opositora, pretendía sesionar el jueves en Margarita, pero el gobierno prohibió la venta de boletos de transporte aéreo y marítimo a los diputados opositores, aseguró este lunes el presidente legislativo, Henry Ramos Allup.
«Es imposible para el gobierno lavarse la cara» con la Cumbre, dijo Ramos Allup, quien la calificó como un encuentro de «una gran cantidad de dictadores» o de «representantes de países donde hay dictaduras feroces».
La salida a la crisis
Pero el CNE asegura que no se dejará presionar y ya ha señalado que la recolección del 20% se hará a fines de octubre, lo que aleja la posibilidad de que el referendo se realice este año, pues el poder electoral se tomará un mes para verificar las firmas y tiene luego tres meses para organizar la consulta.
Los analistas advierten de un peligro de explosión social si se retrasa el referendo. «No sé que va a hacer el CNE, pero anunciar un calendario que llevará el referendo al 2017 generaría una situación tremenda en la calle. La gente está muy ansiosa, angustiada», declaró a la AFP Milagros Betancourt, experta en relaciones internacionales.
Según la firma Datanálisis, un 80% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno, agobiados principalmente por la escasez de alimentos y medicinas y la inflación, que el FMI proyecta en 720% para este año.
Argumentando que la MUD inició tarde los trámites, el gobierno descarta que el referendo sea este año y confía en revertir, en lo que queda de 2016, el malestar popular con una plan de abastecimiento de alimentos que Maduro dejó a cargo de 18 generales, uno para cada rubro escaso, como el arroz, los frijoles, el papel higiénico o la harina de maíz.
«Estamos a punto de darle el quiebre a la guerra económica y eso desespera a los sectores radicales», manifestó el domingo el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, al referirse al presunto complot que según el gobierno lleva a cabo la oposición y empresarios de derecha para derrocar a Maduro.
Istúriz aseguró que en los próximos meses se verá «en forma progresiva» un control de la inflación y una reducción de las largas colas que diariamente deben hacer muchos venezolanos para comprar productos subsidiados.
Para la oposición, no hay salida sin cambio de gobierno. «En Venezuela existe una situación severa de ingobernabilidad y la única forma seria de abordar esa crisis es acelerando la solución electoral. Por eso la fecha del 20% tiene que ser lo antes posible», aseguró Torrealba.
