El alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, David Smolanski, solicitó al Ministerio Público que le explique si está sometido a una investigación penal, en virtud de la citación que recibió del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que le ordenó presentarse a esa institución para ser interrogado.
La autoridad local y miembro de Voluntad Popular desconoció la orden del organismo de seguridad por considerar que es irregular, que se atribuye facultades que no le competen y viola derechos constitucionales.
«A pocos minutos de las 11 de la mañana, cuando el Sebin me citó a esta payasada (…) estoy acá en el Ministerio Público por segunda vez esta semana dando la cara, dejando muy claro que si hay una institución que tiene competencia para investigar es la Fiscalía General de la República (…) Yo no voy a caer en trampas caza bobos», manifestó el burgomaestre tras consignar un escrito.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional, es el Ministerio Público la institución que tiene el monopolio de la acción penal en el país, y los órganos policiales de investigación criminal estan sujetos a la iniciativa fiscal según las normas del debido proceso. Ante la desviación del Sebin, el alcalde no dudó en el carácter represivo de la actuación.
«Me persiguen porque formo parte de Voluntad Popular, que es un partido que no se ha cansado de denunciar las arbitrariedades, los abusos y las violaciones sistemáticas derechos humanos que lidera este régimen», advirtió.
La cuestionada citación fue recibida la tarde del jueves en el despacho de El Hatillo. El documento, firmado por el director de Investigaciones Estratégicas del Sebin, Carlos Calderón Chirinos, le hacía saber al alcalde «que se ha iniciado un investigación por hechos ilícitos que violan el artículo 58 de la Constitución (falta de veracidad) por la difusión de falsas noticias» en relación con las condiciones infrahumanas en que permanece detenido el dirigente de VP, Yon Goicoechea, en el interior del Helicoide.
Dos días antes de esta acción, Smolanski denunció que su compañero de tolda, hoy imputado por «conspirar» contra el gobierno, permanece en una celda «llena de excremento».
Apoyo rotundo
Representantes de todos los sectores que conforman la Unidad Democrática acompañaron al alcalde de El Hatillo a la Fiscalía General de la República para expresar su apoyo irrestricto y condenar un nuevo acto de persecución judicial contra la disidencia.
El secretario general de la MUD, Jesús «Chúo» Torrealba, calificó la acusación como «absurda» y sin fundamento legal. Aseguró además que la «provocación» no tendrá ningún efecto, como tampoco lo tendrán las recientes detenciones de líderes del partido naranja.
“Ni la agresión contra David ni contra los demás compañeros hoy perseguidos, ni el intento de criminalizar, primero, al partido Voluntad Popular, pero también a los demás partidos de la oposición, tendrán resultado porque hoy es una nación entera puesta en pie la que rechaza la continuidad de este régimen violento, corrupto e ineficiente”, manifestó Torrealba.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y miembro de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, defendió el derecho constitucional a la libertad expresión consagrado en el artículo 57.
“David Smolansky, como cualquier ciudadano venezolano, puede ejercer su derecho a denunciar cualquier situación irregular, a denunciar que en los calabozos del régimen se encuentran inocentes privados de libertad en condiciones infrahumanas y sometidos a todo tipo de vejámenes y humillaciones, violándose sistemáticamente sus derechos humanos”, advirtió.
“Si esto no le gusta al Gobierno, ni a la policía política, allá ellos», agregó.
La diputada a la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, exigió a la titular del Ministerio Público que ejerza sus funciones constitucionales que a su juicio ha cedido a la policía política.
«Usted tiene un rol, una función constitucional que no puede ser ocupada por órganos de seguridad del Estado», alertó.
