Diputados rechazan arremetida judicial contra dirigencia opositora

Los diputados de la bancada unitaria, Juan Miguel Matheus y Delsa Solórzano, se pronunciaron este viernes en torno a los recientes casos de persecución judicial en contra de dirigentes de la oposición.
Al respecto, Matheus, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por la persecución judicial contra líderes opositores. «Maduro, en su desesperación, arremete contra la dirigencia de la alternativa, la dirigencia del cambio. Él ya no tiene ningún otro recurso sino amedrentar, apostar a la fuerza bruta, montarse en toda su vileza autocrática, y la verdad es que Maduro es responsable de haber puesto a Nestor Reverol como ministro del Interior, a pesar de los señalamientos que tiene este personaje por su vinculación al narcotráfico», indicó.
Matheus agregó que Reverol ha roto todos los records en materia de persecución e intimidación. «Hay una gran cantidad de presos políticos en su muy poquito tiempo de gestión y toda esa responsabilidad es de Maduro, por supuesto», subrayó.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano afirmó que el Sebin se está tomando atribuciones que no le corresponden contra el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, al acusarlo de difundir noticias falsa sobre las condiciones en las que está recluido Yon Goicoecha.
«La Seguridad Nacional se quedó boba frente a lo que está ocurriendo con el Sebin. En Venezuela, el titular de la acción penal, según nuestra Constitución es el Ministerio Público. Eso significa que el único organismo en el país que puede abrir investigaciones formales, legales y que tengan validez, es el Ministerio Público para efectos penales», explicó.
Solórzano señaló que también es el Ministerio Público el que puede decidir, como titular de la acción penal, si una persona cometió o no un delito y someterlo a consideración de los jueces.
«Los últimos días han estado pasando cosas, como que el Ministerio Público ha dicho que ciertos detenidos no han cometido ningún delito, pero los jueces hacen caso omiso de ello y deciden que deben estar presos, tal es el caso de Coromoto, nuestro jefe de Seguridad de la Asamblea Nacional o el caso Alejandro Puglia, periodista de la Asamblea Nacional, cuando lo que manda la ley es que tendrían que ser liberados inmediatamente», apuntó.
Refirió que ello es ilegal, al igual que el Sebin diga que abrió una investigación penal contra cualquier ciudadano. «Solamente puede hacerlo el Ministerio Público», insistió la parlamentaria.