La salida del país es la vía de la cooperación entre los poderes públicos, afirmó este martes el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab.
Condenó que uno de ellos intente “eliminar” al resto, pues a su juicio ello conduciría a una guerra civil.
”El principio que siempre hemos defendido es el de la cooperación entre poderes públicos. Somos cinco poderes en Venezuela, y debemos articular entre todos para sacar al país adelante (…) No creo que haya un poder que se convierta en suprapoder para tratar de exterminar a los demás, como algunos pretenderían, llámese Asamblea Nacional o cualquier otro poder”, manifestó el funcionario.
”El venezolano al final entiende que esa es la salida, y no es vernos como el Medio Oriente, en guerras fraticidas que duran 50 o 60 años, donde quienes se benefician son los grandes imperios”, agregó.
Las declaraciones fueron emitidas en el marco de una rueda de prensa, a propósito de ser requerida su opinión sobre las amenazas proferidas por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, sobre su intención de abolir la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional por la vía de un decreto presidencial.
A respecto, Saab señaló que no declarará hasta tanto la Sala Constitucional resuelva el asunto.
”En temas como estos no nos adelantamos, esperaremos los pronunciamientos de la Sala Constitucional y otras instancias para emitir nuestra opinión”, expresó.
Descongestión
Por otro lado, el representante del Poder Moral informó que gracias a la instalación de una mesa de trabajo propiciada por la Defensoría del Pueblo, se lleva a cabo un ”plan de articulación” entre el Poder Judicial y el Ministerio Público para descongestionar los centros de detención policial donde actualmente existe un hacinamiento de más de 33 mil privados de libertad ”que no deberían estar allí”.
En este sentido, refirió que las principales acciones apuntan al Destacamento N° 7 de la Policía Nacional Bolivariana, “que es un lugar sumamente delicado porque hay 700 privados de libertad cuando debería haber 40 o 50, y también el CICPC de El Llanito, donde hay aproximadamente 100 privados de libertad entre penados y procesados”.
Lejos de cuestionar al Ejecutivo nacional en la gestión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el Defensor del Pueblo cuestionó a los partidos políticos que a su juicio han “invisivilizado a estos reos, a diferencia de los llamados presos políticos”.
”No hay partido político que levante bandera a favor de estos venezolanos que estan en estaciones de policías hacinados (…) Nosotros así como atendemos a los familiares de estos ciudadanos atendemos a los familiares de otros que por motivos diferentes siendo políticos o no, podrían considerar que sus derechos deben ser garantizados”, manifestó.
