“Inaceptable”. Tal es la respuesta del Dr. Jorge Rosell, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se le consulta la posibilidad de que los jueces sean electos por medio del voto popular.
La interrogante se la formulamos en vista del planteamiento hecho por el Dr. Pedro Troconis, representante del Foro Penal Venezolano en Lara, quien considera que de esa forma los jueces podrían ser autonómos e independientes.
Situación a examinar
-¿Cuál es su opinión en torno a la propuesta formulada por el Dr. Pedro Troconis, representante del Foro Penal Venezolano en Lara sobre la posibilidad de que los jueces sean electos por el pueblo?
Al hacerles la interrogante, el Dr. Rosell, quien tiene el mérito de haber desarrollado una carrera juridicial desde juez de municipio hasta magistrado del Supremo, expuso:
-Parafraseando al Maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, para cuando eso se propuso en Argentina: la elección popular de los jueces sería un disparate total. Es aceptable y hasta recomendable para los Jueces de Paz, funcionarios que se encargan de resolver conflictos menores de una comunidad, aplicando preferentemente, en vez de la ley, la equidad. Algo parecido existe en países como Estados Unidos de América, en donde casi todos los jueces condales, llamados Magistrados. Pero en contra de lo que se cree, sólo en 12 de los 50 estados de Estados Unidos la elección de jueces es a través del voto popular. Existen varios sistemas: designación por el gobernador, avalada por el Congreso de ese estado; existencia de órganos plurales políticamente, designados por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que se encargan de esas funciones. La elección de Jueces Federales es harina de otro costal, pues existe un solo procedimiento para su designación: son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y ratificada esa postulación por la mayoría simple del Senado.
Tuve la oportunidad de ver personalmente el sistema en el año ‘89, debido a una invitación de la Embajada de Estados Unidos para visitar siete capitales, acompañado por un Magistrado de la Corte Suprema de esa época, el Fiscal General y un diputado del Congreso.
Nos entrevistamos con jueces, con representantes del gremio de abogados y académicos conocedores del tema. La impresión que tuvimos fue negativa en los estados en donde se implantó el sistema de la elección popular, criticado por el gremio y la academia.
Las razones son sencillas y de sentido común: se crea la imagen de jueces a la venta, pues deben participar en una campaña electoral para lo cual se requiere fondos en los cuales las empresas privadas y los abogados en ejercicio, a través de los grandes bufetes, son los principales donantes. Si esto no es un campo fértil para la corrupción y el amiguismo, no sé qué será. En Nueva Orleans le hice una pregunta a un Juez debido al subido costo de su última campaña electoral que mis compañeros de viaje consideraron impertinente: “¿De dónde obtiene esos fondos señor Juez?”La respuesta no fue muy convincente: de sus ahorros y de ferias, vendimias y tómbolas que organizaban sus familiares y amigos. Al salir de la reunión con el juez me gané la recriminación amistosa o “chalequeo” de mis compañeros.
Pero hay otra razón aún más poderosa que es eso de “rendirle cuenta a los electores” como lo dicen los defensores del voto popular, dice el Dr. Rosell.
Esto lleva al juez a ser complaciente con lo que crea la comunidad del asunto que debe juzgar, desatendiendo las pruebas producidas y a aún más grave, el Derecho vigente, a fin de complacer a sus electores, lo cual se intensifica para cuando quiera reelegirse. De “esa cabuya yo tengo un rollo”, como coloquialmente se dice.
La experiencia del Dr. Rosell
En el ejercicio de la judicatura en varias oportunidades tuve que decidir en contra de la matriz de opinión creada por los medios de comunicación, manipulados con informaciones que no se correspondían con lo sucedido. Por ejemplo el caso de una joven señora que sin ninguna duda, con base en las pruebas que reflejaban lo que en realidad sucedió, se suicidó en Maracay, pero que personas de influencia en los medios y dirigentes políticos, querían hacer creer que había sido un homicidio.
O el asunto de un supuesto narcotraficante (que hasta regaló caimancitos vivos en una mega fiesta que organizó), tenido como tal por la opinión nacional y que cuando me correspondió decidir como Juez Superior en Caracas constaté que no había la menor prueba de ello, la decisión se basaba en recortes de prensa recolectados por la Juez de Primera Instancia y el Fiscal del Ministerio Público. Luego de estas dos decisiones tomadas conforme a la verdad, no simplemente forense o judicial, sino a la verdad verdadera, yo he debido despedirme de la carrera judicial, como le ha sucedido a jueces y fiscales que han decidido con justicia, con la verdad, en Estados Unidos y la comunidad no ha creído correcta su decisión.
Un juez no debe recibir órdenes
En Venezuela poco a poco se fue depurando un sistema de selección de los jueces que iba por buen camino hasta que se implantó el actual régimen destructor de la institucionalidad republicana. Al principio de la etapa democrática, en 1958, los partidos políticos tenían metidas las manos profundamente en el proceso de designación de los jueces. Pero se fueron dando cuenta de que una de las prendas más preciadas de una democracia es la independencia judicial. La autonomía de los jueces es la base de esa independencia. Un juez no debe recibir órdenes de nadie, ni siquiera de sus superiores, en su sagrada tarea de interpretar la ley para aplicarla al caso concreto. Diferente es el Poder Ejecutivo de una organización jerárquica vertical: el Presidente manda, el Ministro obedece y a su vez ordena al Viceministro y así sucesivamente. Un poder judicial independiente de jueces autónomos en su actuar no puede subsistir con base en mandos superiores.
Hacia la meritocracia
Ya en la década de los ‘90, con los lunares que no puedo negar, pero evolucionando hacia una eficiente y respetable justicia, los partidos políticos dieron espacio a la meritocracia hacia la selección de jueces por concurso. Un órgano, que según una nueva Ley se perfeccionaba en su conformación y actuación: el Consejo de la Judicatura sería el responsable del nombramiento y promoción de los jueces.
Esa Ley aprobada por el Congreso en el año 1999, nunca entró en vigencia por la falta de promulgación del Presidente del régimen que todavía impera en el país. Siendo Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, me opuse a la disolución del Consejo de la Judicatura, previendo lo que sucedería, que ésa máxima instancia de la justicia se convertiría en el árbitro absoluto en ésta área imponiendo una política autoritaria al Poder Judicial.
Creo que la forma de selección de los jueces más cónsona con un régimen democrático es la de dejar esa función a un órgano conformado equitativamente por los diferentes poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Asamblea Nacional, Presidencia de la República y Tribunal Supremo), dándole preeminencia al Poder Judicial, como se plateó en esa Ley que fue frustrada, realizándose los concursos correspondientes para el acceso a los cargos de jueces y realizando un seguimiento de estos en sus funciones para su promoción.
Para ello será necesario recuperar la institucionalidad perdida en Venezuela, pues con el estado en el cual se encuentra la organización política, cualquier proyecto decente es un despropósito en la ruina democrática en la cual estamos sumidos.
