Ante las medidas tomadas por el Ejecutivo nacional de militarizar la capital de la República, prohibir vuelos de aparatos privados y drones, así como expulsar a periodistas que llegaron al país para cubrir la movilización del 1° de septiembre, el profesor Carlos Correa, coordinador nacional de la organización no gubernamental Espacio Público, claramente demuestran que el Gobierno violenta el derecho internacional de la asamblea, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Al ser entrevistado por EL IMPULSO, el analista y comunicador social indicó que en este momento estamos observando una política deliberada del Estado venezolano, que en vez de garantizar ese derecho humano, hace todo lo contrario para obstaculizarlo.
Evidentemente, aquí se está criminalizando, estigmatizando y, por lo tanto, descalificando el derecho a manifestar, al cual tienen derechos todos los venezolanos y que en cualquier momento pueden llevar a cabo.
Es que precisamente parte de un gobierno democrático es permitir que las personas manifiesten su forma de pensar cívicamente.
Si eso no se permite, indudablemente, se están desconociendo derechos consagrados en el propio texto constitucional.
Parte de esa política es el uso de los medios públicos para tildar a los sectores que están convocando una movilización de pretender realizar actos violentos.
Independientemente, que pueda haber sectores, que no está provocado, que quieran hacer actos de violencia, el Estado tiene que garantizar que aquellos que quieren hacerlo pacíficamente, lo hagan. Y, por tanto, no puede utilizarse el argumento de que hay personas con intenciones violentas para no garantizar el derecho. En cuanto a impedir la difusión del mensaje cae dentro de esa violación.
Y sobre la cadena televisiva de la noche del martes, para reproducir los hechos del 11 de abril del 2002, conviene señalar que todavía el Estado venezolano no ha determinado las responsabilidades en relación a los hechos violentos que en ese reportaje se narran.
Asociar una manifestación, que todavía no se ha hecho, con sucesos violentos va exactamente en la dirección contraria a lo que tendría que hacer el Estado venezolano.
Todas estas cosas que está haciendo el Gobierno son muy graves y nada democráticas, dijo Correa.
