El traslado del exalcalde Daniel Ceballos, a las tres de la madrugada de su residencia a una cárcel, constituye una violación a sus derechos, pero tiene como significado amedrentar a la oposición que se prepara para manifestar el primero de septiembre: “si esto lo podemos hacer con figuras prominentes, imaginen lo que podemos hacer con ustedes”.
Tal es la opinión del Dr. Ramón Pérez Linárez, profesional del Derecho con amplia experiencia en Derecho Penal y como exjuez de la República, al ser consultado por EL IMPULSO.
La propia Ley establece las razones por las cuales se le pueden quitar el beneficio que tiene una persona sometida a casa por cárcel, explicó. Una de ellas es que hubiese cometido un nuevo delito- Y la otra es que lo consigan fuera del sitio al que fue asignado.
A Ceballos no lo consiguieron fuera del sitio que le fue asignado, por cuanto los funcionarios del Sebin que llegaron a su domicilio, a las tres de la madrugada del sábado, lo consiguieron precisamente en su residencia. No estaba fuera de ella. Aún más, se encontraba durmiendo cuando fueron a buscarlo.
Y en cuanto a la comisión de un nuevo delito, tampoco se le puede imputar esa acusación porque si, como pretende justificarlo el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, se hallaba en ”plan de fuga”, ¿ a quién pretenden engañar o convencer? Si hubiera intentado fugarse, indudablemente, que tenía suficiente tiempo para haberlo hecho porque se hallaba sometido a prisión en su casa en la ciudad de San Cristóbal desde hacía mucho tiempo.
Una persona que está cerca de la fontera con Colombia y no lo hace, mucho menos lo va a intentar precisamente cuando está próxima una gigantesca marcha de protesta de la oposición que puede cambiar el destino del país.
Su esposa, Patricia de Ceballos, denunció que lo habían trasladado a un sitio nauseabundo de la cárcel 26 de Julio de San Juan de los Morros.
Este procedimiento es un abuso. Se le están violando todos los derechos que tiene este ciudadano, a quien le fue arrebatada la alcaldía de la capital del Táchira. Pero lo que está haciendo el Gobierno es un amedrentamiento a la oposición-
Como los funcionarios saben que no pueden torcer la voluntad del pueblo, que está decidido a manifestar el primero de septiembre en Caracas, le están enviando con anticipación un mensaje: “si esto lo podemos hacer con personas prominentes, imaginen lo que podemos hacer con ustedes”.
Es una forma de amedrentar a la ciudadanía, utilizando un procedimiento viciado de nulidad total. No están dadas las condiciones para que se le quitara el beneficio que tenía Ceballos.
Este Gobierno se encuentra en los estertores de su fallecimiento y viola la Constitución y las leyes porque se encuentra sumido en la desesperación al ver que ha perdido todo el apoyo que una vez tuvo entre la gente que creyó en la mal llamada revolución bolivariana.
Insólito y hasta risible resulta la explicación dada por Istúriz de que el Gobierno “presumía de un plan de fuga” por parte de Ceballos. comentó el Dr. Pérez Linárez. Esa presunción no da pie para ninguna actuación policial como la que se hizo.
Muestra el miedo de la dictadura
Patricia de Cebllos, alcaldesa de San Cristóbal y esposa del ex alcalde Daniel Ceballos, advirtió sobre el riesgo que a su juicio corren los presos políticos, pues «el gobierno los utiliza» como piezas de negociación.
«Hoy en día todos los presos políticos del país estan en peligro, su vida y su integridad estan en peligro, porque el régimen pretende utilizarlos como si fuesen rehenes para negociar, para chantajear a la familia, a la unidad venezolana y a la dirigencia política, para desmovilizarnos», manifestó este lunes en una rueda de prensa.
«Lo que ocurrió el sábado con Daniel es la muestra del miedo que la dictadura tiene a la movilización cívica de la familia venezolana ante toma pacífica de Caracas que se dará este próximo 1° de septiembre», consideró Patricia de Ceballos.
Crisis política empeora
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional reaccionó a la detención de Ceballos, al calificar este hecho como «una vil maniobra de las autoridades venezolanas para silenciar a cualquier crítico».
De acuerdo con la directora para las Américas de la ong, Érika Guevara-Rosas, también es un signo del agravamiento de la crisis política en Venezuela.
“Las autoridades en Venezuela parecen no querer detenerse ante nada en su plan de evitar que cualquier persona los critique, particularmente ahora que la situación política y humanitaria del país continúa deteriorándose” dijo a través de un comunicado.
“En vez de perseguir a cualquiera que no esté de acuerdo con el gobierno, las autoridades en Venezuela deben enfocarse en buscar formas de sacar al país de la profunda crisis en la que ha estado sumergido por años», agregó Guevara-Rosas.
