«El traslado a prisión de Ceballos representa un esfuerzo por intimidar y obstaculizar el derecho de la gente de expresar pacíficamente su opinión el 1 de septiembre», indicó el vocero del departamento de Estado, John Kirby, el domingo en un comunicado.
La oposición venezolana marchará ese día contra el presidente Nicolás Maduro y para exigir a las autoridades electorales la fecha para recoger los cuatro millones de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio del mandato del presidente.
En la segunda denuncia de Washington al sistema judicial venezolano este mes, Kirby dijo que el gobierno estadounidense está «profundamente impresionados» por el traslado a prisión de Ceballos, quien desde agosto de 2015 cumplía arresto domiciliario por razones de salud, y exigió su «liberación inmediata».
Según el ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, los servicios de inteligencia detectaron que Ceballos, exalcalde de la ciudad de San Cristóbal (estado de Táchira, oeste), «pretendía fugarse días antes del próximo 1 de septiembre, a fin de dirigir y coordinar actos de violencia en el país».
«Los soportes básicos de la ley en Venezuela se han degradado a un nivel alarmante. No hay lugar en una sociedad democrática para el empleo de instrumentos del Estado para amedrentar, intimidar y silenciar a la oposición política», indicó el portavoz del Departamento de Estado.
La oposición, que pide una observación internacional de la marcha, llevó este lunes la situación de Ceballos a la ONU.
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