Dilma Rousseff se encuentra cara a cara ante los senadores que deciden su destitución en el que será, si se cumplen las previsiones, su último y más dramático acto como presidenta de Brasil.
La exguerrillera, de 68 años, ingresó al Senado sonriente, acompañada por Lula y aupada por decenas de simpatizantes que gritaban: «¡Dilma, guerrera, de la patria brasileña!».
«Ella está firme, preparada para la batalla», dijo a periodistas el diputado Silvio Costa del PTdoB (aliado a Dilma) en el recinto del Senado.
Será la primera oportunidad que tendrá la mandataria, suspendida en el cargo desde mayo, de defenderse en el Congreso. Y también la última para evitar su destitución.
Una destitución de la presidenta será también el fin en el poder del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza de izquierda que gobierna desde hace más de 13 años la mayor potencia latinoamericana.
Aislada políticamente, agobiada por la peor recesión económica desde los años 30 y con su partido ametrallado por denuncias de corrupción, Rousseff fue suspendida de su cargo en mayo, acusada de maquillar las cuentas públicas.
La votación será el punto final de un proceso que remece al país desde hace nueve meses, junto con una economía maltrecha y el descrédito en una clase política embarrada por escándalos la corrupción.
¿Irreversible?
Desde que Rousseff comenzó su segundo mandato, el PIB retrocedió 3,8% en 2015 y se proyecta una caída de 3,1% este año, el desempleo trepó hasta alcanzar a un récord de más de 11 millones de personas, la inflación tocó los dos dígitos y el rojo fiscal estimado supera los 45.000 millones de dólares.
A eso se le sumaron las revelaciones de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), una red política-empresarial de sobornos que le costó a la estatal petrolera Petrobras más de 2.000 millones de dólares.
En el Senado, Rousseff dará un mensaje de 30 minutos y luego será interrogada por detractores y aliados bajo la mirada de Luiz Inácio Lula da Silva, su padrino político y la figura que encarnó el despegue de Brasil, el éxito de la lucha contra la pobreza y el presidente más popular de la historia moderna.
El pleno de 81 senadores decidirá el futuro gobierno del país en una sola ronda de votación.
Los aliados de Temer aseguran tener entre 60 y 61 votos para garantizar la condena, más de los 54 necesarios, y todos los sondeos coinciden en que sólo un milagro evitará la destitución de la mandataria.
Rousseff afirma que es inocente y que el juicio es en realidad «un golpe orquestado» por su exvicepresidente Michel Temer, devenido en su némesis política y el probable presidente de Brasil por los próximos dos años.
La presidenta jugará su última carta ante un Senado que tiene al menos un tercio de sus miembros bajo la lupa de la Justicia o ya procesados por casos de corrupción.
El Congreso ha sido vallado y está custodiado por más de 1.300 policías.
Pero hasta el momento las manifestaciones han sido muy escasas y este lunes apenas un centenar de personas se había congregado fuera del recinto.
«Estoy en la lucha por defensa de la democracia y la dignidad del pueblo. Esto ha sido una persecución contra el PT, Dilma y el pueblo brasileño», afirmó Marlene Bastos, una profesora jubilada de 65 años.
«Hasta el final»
Rousseff fue acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar de artificialmente las cuentas públicas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015, algo prohibido por la Constitución.
Su defensa aduce que las prácticas cuestionados también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.
Si es destituida, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en ser sometido a un proceso de destitución en el Congreso brasileño. El otro fue Fernando Collor, pero dimitió antes de llegar a enfrentarse con los senadores en la fase final del juicio.
Hasta ahora, Dilma siempre aseguró que luchará «hasta el final».
