Desde el arribo al poder del mal llamado socialismo del siglo XXI, hace 18 años, hemos escuchado hasta el cansancio que es un gobierno obrerista, humanista, al servicio de las clases más humildes y necesitadas, dispuestos a construir un “hombre nuevo”, dentro de una sociedad igualitaria, y con la mayor suma de felicidad posible.
Sin embargo la realidad nos muestra todo lo contrario, y hoy nos encontramos con la precaria situación que atraviesan los jubilados y pensionados del Seguro Social, víctimas de una política de exclusión, que los discrimina, siendo tratados como unos ciudadanos de segunda, al no reconocerles sus beneficios sociales.
Así tenemos, como ha sido de infructuosa la lucha por alcanzar la creación del Fondo de Pensiones y allí sean depositados y administrados los inmensos recursos aportados durante años por los trabajadores, públicos y privados, al Seguro Social, al igual que la vigencia del Decreto 7.401 (de la Gaceta Oficial N°39.414 del 30/04/2010- Art. 4), que permitiría completar o financiar el pago de las cotizaciones requeridas, para optar al beneficio de la Pensión.
Otra batalla sin resultados hasta ahora tiene que ver con la legítima aspiración de disfrutar el pago de 90 días de aguinaldos, tal como la mayoría de los empleados públicos, siendo el único asomo conocido, lo ocurrido el 6 de diciembre 2015 ¡casualidad!, cuando se completó los ya tradicionales (60 días) con un “bono único” de 30 días de salario, sin garantía de ser repetible para este año.
Ahora bien, lo que nunca antes pudimos imaginar ocurre en este instante, la actual AN, que sí legisla y controla en aras de hacer justicia y cumpliendo con el electorado de la tercera edad, aprobó con su mayoría calificada el pago del bono de alimentos y medicinas a los pensionados y jubilados del Seguro Social; por cierto ha sido la única ley calificada como “constitucional”, por un TSJ adepto al oficialismo.
Han transcurrido desde entonces alrededor de 4 meses de ese trascendental hecho y la población sigue a la espera de que el presidente Nicolas Maduro se digne a colocar el ejecútese y promulgar en la Gaceta Oficial la Ley, pero el gobierno nacional continúa con el peregrino argumento de no disponer de los recursos necesarios para honrar este compromiso de carácter social.
No obstante, el alto gobierno sigue empeñado en esa ola de desaciertos y confusas decisiones, ya que por una parte indica carecer de recursos, y por la otra sorprende con un inconsulto decreto que contiene un incremento del 50% del salario mínimo (Bs. 22.576.oo) y de 8 UT (Bs. 42.480.00) el bono de alimentación de los trabajadores “activos”, para lo cual aparentemente, si disponen de presupuesto, exceptuando a las gobernaciones y alcaldías.
Esta medida, sin duda de inspiración política e ideológica, lesiona los beneficios sociales de los trabajadores, puesto que el monto del bono de alimentación no tiene incidencia alguna en las prestaciones sociales, además discrimina y excluye a los pensionados y jubilados, los cuales recibirán solamente una tercera parte del salario integral.
Para finalizar es necesario mencionar la situación de precariedad en la cual se encuentran alrededor de 11.700 pensionados y jubilados residenciados en el exterior, los cuales no perciben sus pensiones desde noviembre 2015 por la manifiesta negligencia de Cencoex, quienes argumentan que no les ha asignado divisas el gobierno; mientras tanto nos preguntamos: ¿de donde provienen los recursos para las tarjetas “socialistas” recientemente incrementadas a Bs. 30.000.oo y manejadas por el oficialismo y el alto gobierno? Valor y pa´lante.
