El control de cambios terminó convirtiéndose en una traba para la economía.
Las causas del deterioro económico de Venezuela son muy claras. En primer lugar, la exagerada dependencia de un solo producto de exportación, el petróleo. Cuando los precios del petróleo estuvieron muy altos en los mercados internacionales, las finanzas públicas estaban boyantes y todos muy felices. En aquellos tiempos, el Estado, manejado por un gobierno atolondrado e incompetente, se dedicó a destruir el incipiente aparato productivo interno y, como consecuencia de una visión equivocada, resolvió hostilizar a la empresa privada y asumió la política de expropiaciones y confiscaciones.
Al bajar los precios del crudo en el mercado internacional, nos encontramos con que ya no hay plata para importarlo todo desde el exterior y tampoco hay producción nacional porque el aparato productivo interno fue consciente y deliberadamente destruido.
A este problema central, origen de todos los demás problemas, hay que agregar los controles artificiales de la economía: el de cambios y el de precios. Desmontar esos controles es indispensable para estimular la producción nacional y no seguir dependiendo de las importaciones.
Importaciones que, por lo demás, no tenemos manera de conseguir mientras no contemos con un financiamiento externo. Financiamiento que no lograremos si no hay una política económica que merezca la confianza de los eventuales financistas.
Nadie puede producir a pérdida. El control de cambios terminó convirtiéndose en una traba para la economía y en una fuente infinita de corrupción. Desmontar el control de cambios es una condición indispensable para la recuperación económica de Venezuela.
Dejar en manos de funcionarios burocráticos o en las de agentes político-partidistas la fijación de los precios de los artículos que la gente tiene que comprar en los mercados, es garantizar el desabastecimiento y el alto costo de esos mismos productos.
Hay dos leyes que ningún gobierno ha logrado derogar: la ley de la gravedad y la ley de la oferta y la demanda. Por más maniobras que haga, la burocracia no podrá impedir la vigencia de esas dos leyes.
El Gobierno parece creer que la solución de la crisis de abastecimiento y de la escandalosa inflación que padecemos puede encontrarse en la Fuerza Armada.
Se equivoca, el problema no es un problema militar, el problema es un problema de racionalidad económica y política.
Seguiremos conversando.
