Luego de haber asistido a una asamblea con autoridades de la Defensoría del Pueblo y salir de ésta sin respuestas satisfactorias, el Sindicato Automotor del Estado Lara notificó, ayer, que este lunes se concentrarán en la Alcaldía de Iribarren para exigirle a la autoridad municipal, Alfredo Ramos, que atienda los requerimientos del gremio sobre el incremento del pasaje.
El fin de semana, trabajarán en los horarios normales, pero el lunes, desde las 10 de la mañana, se detendrán las unidades y los conductores de las líneas urbanas en la sede de la Alcaldía como forma de presión.
“Es el alcalde conjuntamente con la Autoridad Municipal de Transporte Terrestre (Amtt) los que nos tienen que resolver este problema y no que le estén dando largas, que sigan mandándonos a otras partes, que se siguan incluyendo factores políticos en nuestras luchas y que nos sigan amenazando”, recalcó el secretario de la agrupación de sindicalistas, Giovanny Peroza.
El servicio de transporte público en el estado, recalcó, ha sido declarado en emergencia desde hace más de una semana. Los vehículos disponibles no se corresponde con la demanda de usuarios porque hay una cantidad importante fuera de circulación debido a la falta de repuestos o porque los ingresos no les alcanzan a sus propietarios para reparar las averías. De allí que Peroza apunte a la existencia de un paro técnico que progresivamente se está materializando.
Hasta ahora, dijo, no han convocado una paralización regional para no afectar a la comunidad. También, están conscientes de que el principal perjudicado con el incremento del costo del pasaje es el usuario y aclaró que su intención no es atacarlos.
“Nosotros no queremos mantener en zozobra a la comunidad, no es que queremos tener amenazado al usuario -que si se cometieron algunas fallas dimos la orden para corregirlas- lo que queremos es seguir manteniendo el servicio de transporte colectivo”, defendió Peroza.
A pesar de que en la reunión con la Defensoría del Pueblo los choferes fueron “amenazados” con ser arrestados si continúan cobrando el aumento sin la autorización del Ministerio para Transporte y Obras Públicas, se mantienen firmes en cuanto al porcentaje planteado para ajustar. Por lo cual seguirán “sugiriendo” la cancelación de 100 bolívares.
Peroza también fue enfático en argumentar que ni siquiera ese monto es suficientemente útil para solventar las necesidades de los transportistas: “Según los estudios que la misma Amtt y el ministerio y la misma gente de nosotros encargada de hacer esos cálculos más bien nos sorprendemos cuando hacemos esos estudios porque el pasaje mínimo se está ubicando en 360 bolívares para ellos, para el Gobierno, entonces, qué será para nosotros”.
