Con la orden dada por Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez a los ministerios, para que sean despedidos los empleados que firmaron la solicitud del revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, una vez más queda demostrado que para el Ejecutivo Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela no existe la Constitución de la República, ni leyes, ni normas.
Al hacer la afirmación el doctor Joel Rodríguez Ramos, abogado constitucionalista, refiere que se confirma la apreciación que tiene el diplomático Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien durante un programa de televisión expresó que en Venezuela se terminó el Estado de Derecho.
Estamos en un Estado arbitrario, prepotente, que hace lo que quiere, para el cual no existe Constitución, ni leyes, ni ningún tipo de norma, expuso Ramos.
En la Constitución está plenamente establecido el derecho al trabajo y lo dice muy claramente cuando reza “todos los venezolanos tienen derecho al trabajo”. No se establecerá discriminación alguna con fundamento en la religión, el sexo, la ubicación política de las personas.
Nunca habrá discriminación de ninguna naturaleza, dice tajante, agregó el profesional del Derecho. Ese mismo texto constitucional garantiza el derecho al desarrollo de la personalidad de cada quien. Y cualquier acto de gobierno que atente contra eso, se sale de la Constitución. Tengo conocimiento de señoras embarazadas, que no obstante tener inamovilidad laboral, están siendo despedidas por haber firmando pidiendo un derecho constitucional. No es que están solicitando que se tumbe al Presidente, sino la aplicación del derecho que tenemos todos los venezolanos a evaluar la gestión de funcionarios electos por el pueblo cuando hayan cumplido la mitad de su período.
Eso, precisamente, es lo que está solicitando la mayoría de la población venezolana cuando pidió la realización del referendo revocatorio para el mandato de Maduro.
Pero, la solicitud de ese derecho ha ocasionado que Cabello y Rodríguez hayan salido a pedirle a los ministros que despidan a quienes firmaron la petición en las planillas que el propio CNE diseñó para tal fin.
Una señora me decía que ella mantenía a su madre, anciana y enferma, a quien le tenía que cubrir los gastos de tratamiento médico. Pero, tras ser despedida de su trabajo en la administración pública, no encuentra qué hacer.
La justicia debería actuar de inmediato y obligar a reponer en el cargo a quienes han sido despedido. Sin embargo, los tribunales no lo hacen porque están secuestrados por el Ejecutivo Nacional.
Por su parte, Froilán Barrios, del Frente en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (Fedess), señaló que la advertencia de Cabello en Anzóategui y lo dicho por Rodríguez, en el sentido de establecer dictados de opositores, prácticamente es una declaración de guerra contra los trabajadores en el sector político. Es un apartheid laboral por parte del un Estado policía, simplemente por delito de opinión. Esta ha sido una línea de acción de gobierno desde el año 2002. Casos relevantes son los 20 mil trabajadores despedidos de PDVSA, los 10 mil despedidos con el referendo revocatorio presidencial de Chávez y los innumerables despidos ocasionados por la lista de Tascón.
Ese estado de terror y de persecución quedó de manifiesto también en el 2015 con la carta a Obama, ya que los que no firmaron la comunicación también fueron despedidos. Y ahora en el 16 con la solicitud del revocatorio han sido despedidos 200 trabajadores del Seniat, otros tantos en el sector eléctrico y los números siguen aumentando en diferentes dependencias públicas.
Hay una decisión de reprimir a los trabajadores, que se lleva por delante toda la normativa jurídca nacional e internacional.
Viola el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la discriminación por motivos políticos, sexo y de todo punto de vista. Ese acuerdo fue suscrito por Venezuela y está vigente. También violenta el 145 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos no están condicionados a ninguna parcialidad política. El 89, numeral 5, que prohíbe la discriminación política en Venezuela. El 139, que se refiere al abuso de poder.
Y hay que recordar que Cabello, siendo ministro de Chávez, firmó el estratuto de empleados públicos, que irrespeta ahora.
