El señor Carlos Alvarado visitó la Sala de Redacción de este rotativo para dar a conocer la “lamentable” e “injusta” situación que vivió el pasado lunes, en horas de la mañana, cuando su vehículo fue remolcado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
“Acepto que me estacioné en raya amarilla, en la carrera 19 con calle 41, donde fui a averiguar cuánto me costaba un amortiguador… sin embargo, la ilegalidad comenzó desde el momento del remolque, porque lo hicieron aun cuando estaba presente en el sitio y les pedí que me dieran la boleta de infracción para cancelar la multa”.
Alvarado asegura además que la actitud del funcionario llamado Armando Márquez “fue grosera” y dijo que junto al conductor de la grúa “se burló” del hecho durante todo el trayecto hacia el sitio donde fue ingresado el vehículo.
“Había gran cantidad de carros estacionados en esa acera y a lo macho se llevaron el mío, incluso me fui con ellos dentro del auto con la esperanza de que me lo entregaran de forma inmediata”.
Al llegar a la Unidad número 51 de Tránsito, en la avenida Las Industrias, Alvarado canceló una multa de 885 bolívares. “Pedí asesoría y la sargento de apellido Álvarez, jefe de la oficina de Infracciones de la Coordinación Policial y División de Transporte Terrestre del estado Lara, me dijo que con el papel de solvencia tenía en mis manos la orden para ir al estacionamiento de la avenida Rotaria a retirar el vehículo”.
Se le informó que el pago oscilaría entre 4.000 y 5.000 bolívares, pero al llegar a buscar su vehículo le pidieron una cifra cuatro veces superior. “Me dijeron que debía dar 18.300 bolívares en efectivo, por concepto de grúa y por la permanencia del carro en ese espacio, durante solo 4 horas. Les pedí una planilla o factura y la negaron”.
La funcionaria encargada de la Unidad de Tránsito le dijo que era demasiado el dinero que le estaban solicitando, le recomendó no pagarlo y además denunciar el caso ante fiscalía. “Pero, al final cancelé por temor a que me desvalijaran el carro y porque sé que el procedimiento de estas denuncias es lento”.
Según Alvarado, ese lunes varias personas resultados afectadas con el operativo de remolques de vehículos. “Una señora estaba llorando porque no tenía los recursos para cumplir con la exigencia de pago en el estacionamiento”.
En los papeles que mostró Alvarado se evidencia que le fue aplicado el artículo 170, numeral 10, de la Ley de Transporte Terrestre.
El estacionamiento de la avenida Rotaria se encuentra autorizado por el INTTT para el remolque, guarda, custodia y entrega de vehículos recuperados o retenidos por los funcionarios tránsito u otras autoridades competentes.
“Una de las personas que labora allí (en el estacionamiento) me dijo, al escuchar mis quejas y a modo de confidencia, que la funcionaria o jefe encargada, desconozco de cuál organismo, dio orden de remolcar vehículos porque necesita dinero para un viaje que realizará”, aseveró al tiempo que demostró su firme decisión de denunciar este tipo de hechos irregulares que se registran en la ciudad.
