El nuevo salario mínimo, según decreto presidencial del 12 de agosto de 2016, quedó establecido en Bs. 22.576,72 a partir del 1° de septiembre, lo que representa un aumento del 50% sobre el salario actual.
Asimismo, el Presidente y sus asesores incrementaron la base para el cálculo del cestaticket de 3,5 unidades tributarias a 8 UT a partir del 1° de agosto (pagadero la primera semana del mes de septiembre) quedando el bono de alimentación establecido en Bs. 42.480. De esta manera, el ingreso integral se establece en Bs. 65.056,60, solo para los que devengan salario mínimo.
Venezuela debe ser el único país del planeta donde la población no ve con buenos ojos estos aumentos salariales. Y la razón es probablemente una sola: al aumentar los ingresos los precios de los bienes y servicios aumentan en una proporción mayor, lo que deja sin efecto las buenas intenciones con que se produjeron tales incrementos.
Esto sucede en nuestro país como consecuencia de un proceso inflacionario que ha desbordado todo tipo de controles gubernamentales. Resulta que Venezuela es el único país del mundo con una tasa de inflación de tres dígitos en cada uno de los últimos tres años y el único que enfrentara una hiperinflación a finales de este año, que según cálculos del propio Fondo Monetario Internacional cerrará 2016 con 750%, esto antes de decretarse los aumentos salariales y del cestaticket de alimentación.
Si incluimos el efecto de esta decisión es muy probable que la inflación culmine este año en niveles cercanos al 1.000%, según cálculo de variados economistas (Henkel García, Toro Hardy, José Guerra, Luis Vicente León y otros), una tasa que no se había visto nunca antes en la historia republicana de nuestro país.
Existen varias explicaciones (no justificaciones) sobre esta desigual relación entre precios y salarios y lamentablemente todas coinciden en que son los aumentos de precios (léase inflación) los que presionan los incrementos en los salarios. Y ¿que genera la inflación? Según Milton Friedman, uno de los economistas más brillantes de los Estados Unidos y premio nobel de economía, la única causa que conduce a la inflación es siempre un aumento continuo y desmedido de la cantidad de dinero en circulación. Y es precisamente lo que ha pasado en nuestra atribulada economía, sobre todo a partir del año 2005, cuando el extinto presidente Chávez modificó la Ley del Banco Central de Venezuela para que éste se convirtiera desde entonces en la “caja chica” del Ejecutivo Nacional.
Solo para darles algunas cifras, en los últimos tres años la liquidez monetaria ha aumentado más de 500%, al pasar de (en términos redondos) de 1.000 millones de bolívares en diciembre de 2012 a 5.450 millones de bolívares en julio de 2016, según cifras del BCV. Lo peor del asunto es que este abrupto crecimiento no fue producto de aumentos en la producción nacional o del Producto Interno Bruto, es decir, no resultó un crecimiento natural de nuestra economía, sino que fue producto de decisiones de carácter administrativo del Gobierno nacional, de emisión inorgánica de dinero y, por lo tanto, fue un crecimiento artificial de la economía monetaria frente a una tasa de decrecimiento de la producción nacional que se viene experimentando desde el 2013.
En otras palabras, creció exponencialmente la cantidad de dinero en manos del público pero decreció la producción nacional, es decir, hay más dinero en manos de los venezolanos, pero no hay productos qué comprar y los precios que se ofrecen tienen un precio exageradamente injustificado, lo que se ha agravado con la presencia de un mercado informal floreciente (llámese bachaqueros) que distorsiona y especula con las necesidades de la población, sin control efectivo por parte del Gobierno nacional.
Según el economista Oscar Meza, director del Cendas–CTV, esta decisión no solo desbordará el estimado de la inflación según el Fondo Monetario del 750% proyectado para finales de este año, sino que en adición no guarda relación con la productividad laboral, ya que es solo un ajuste nominal en el salario y su inmediata repercusión es un aumento más acelerado aún de los productos (El Informador 14-08-2016, pág. 5ª)
A esto podríamos agregar que otras consecuencias serían el cierre de pequeñas empresas que prácticamente no pueden cubrir esos incrementos y el cierre de empresas medianas que vendan productos regulados. En efecto, según Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria “….si se producen artículos con precios regulados y no se puede trasladar el costo del alza salarial al precio de venta, la operación será inviable, van a perder y tendrán que cerrar” (El Nacional, 14-08-2016). Ergo, si cierran más empresas habrá más desempleo y mayor desinversión en el país y menor posibilidades de que la producción aumente, lo que posiblemente agrave la depresión económica que estamos viviendo. Habrá que acuñar un nuevo término “la depreflación”, que es una mezcla de aguda depresión y elevada inflación.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, ha señalado que “…el incremento del salario genera más inflación porque suben los precios de los productos. El salario termina creciendo menos y cae el poder adquisitivo y el consumo. Pierde la economía, las empresas y el trabajador…” (El Nacional, 14-08-2016). Luis Vicente León, director de Datanálisis, señala por su parte que “no hay la más mínima posibilidad de que este decreto de aumento salarial rescate la capacidad de compra de los venezolanos….Aumentos compulsivos de salarios, sin atender el problema que genere la inflación, genera lo que en economía se llama ilusión monetaria” (EL IMPULSO, 14-08-2016)
Como podrá observar el lector, esta muestra, tomada al azar, de cuatro economistas, coinciden en afirmar que la decisión de incrementar el salario mínimo y la cesta ticket traerán lamentablemente más prejuicios que beneficios a la población. Esto ratifica lo que señalábamos al comienzo, el venezolano de a pie no confía en estas medidas populistas que aunque bien intencionadas, no le resuelven su principales problemas cotidianos.
