El sistema de administración de justicia del país ha sido seriamente cuestionado por parte de exmagistrados y por expertos en materia jurídica en diversas oportunidades debido a una serie de decisiones que “favorecen” al Gobierno actual.
La sentencia reciente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que suspende de forma cautelar los efectos de las sesiones efectuadas por la Asamblea Nacional (AN) los días 26 y 28 de abril, así como las de los días 3, 5, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, constituye un nuevo ejemplo del “desmadre judicial que prevalece en esa institución”, según el abogado José Gregorio Zaá, quien además asegura que frente a estas circunstancias la AN puede “imponer su jerarquía jurídica” establecida en los artículos 186 y 187 de la Constitución Nacional.
“Allí se indica que el poder legislativo es quien controla, fiscaliza y vigila el desempeño de los demás poderes públicos venezolanos. Y está claro que los magistrados del TSJ desconocen los principios y garantías constitucionales”, explica.
Así como la AN tiene mecanismos para hacer frente a la crisis institucional, los ciudadanos venezolanos también tienen herramientas para actuar y están respaldados en los artículos 5 (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”) y 350 (“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”) de la carta magna.
Precisamente y según Zaá, la sentencia de la Sala Constitucional desconoce los derechos humanos al anular las leyes aprobadas y vinculadas a esa materia, además del resto de los actos de la AN vinculados con el aspecto social, económico y de salud de los venezolanos.
El profesor universitario y especialista en el tema electoral, destacó que la mayoría de las sentencias del ente rector en materia judicial desconocen el mandato del pueblo expresado el 6 de diciembre de 2015.
“Ahora cobra mayor fuerza la convocatoria del 1º de septiembre, todos los venezolanos estamos facultados para invocar el 350 de la Constitución… hoy más que nunca se justifica el llamado a una Constituyente para aplicar una quimioterapia a todas las instituciones del Estado. Tenemos unos magistrados que no reúnen los requisitos de ley para desempeñar esos cargos, que fueron designados de forma irregular y que se empeñan en darle cachetadas a la voluntad popular”.
