Los vecinos de la urbanización El Palmar, en Cabudare, fueron sorprendidos la mañana de este sábado cuando, acompañados por un nutrido piquete de la Guardia Nacional, unas personas trataron de ingresar por la fuerza a un terreno privado, cedido en parte por su propietario a la alcaldía de Palavecino, para la construcción de un mercado, así como un centro comercial y viviendas particulares.
Los militares tomaron prácticamente todos los accesos a la urbanización, incluso trataban de impedir el ingreso de las familias a sus apartamentos y a los periodistas no les permitieron llegar hasta donde estaban reunidas las familias porque necesitábamos autorización de una señora que no identificaron.
Fue Mauriel Ramírez, supervisor socioeconómico de la alcaldía de Palavecino, quien salió hasta donde nos encontrábamos e informó lo que ocurría.
Explicó que, aproximadamente a las 8, llegó el grupo de personas con unos 30 guardias nacionales tratando de ingresar por la fuerza al terreno, llegando incluso a violentar el candado de un portón.
Señaló Ramírez que no se identificaron y que sólo decían ser funcionarios de un ministerio y del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, pero no mostraron credencial alguna.
Sobre el terreno, explicó que su propietario tiene toda la documentación en regla como tal y que hace algún tiempo cedió una parte a la alcaldía para construcción del mercado municipal que sustituirá al de los miércoles en los alrededores del estadio de béisbol.
Igualmente llegó a un acuerdo con la asociación civil Villas María, para que esta construyera un lote de viviendas.
Una de las habitantes de El Palmar, por su parte, refirió que allí también se encuentra el estacionamiento para vehículos de los residentes, calificando de arbitraria la actuación de los guardias nacionales al pretender impedirles ingresar a sus hogares.
Wilmaris Santelíz, presidenta de la asociación civil Villas María, informó que allí existe un proyecto de construcción de 120 viviendas y que el intento de ocupación ilegal de este sábado estuvo dirigida por la directora regional del INTU, a quien identificó como Biselis Freitez, con la intención de meter personas de otras zonas, las que habría llevado en dos autobuses.
A las tres y media de la tarde, el síndico municipal, abogado Jesús Alvarado, con basamentos jurídicos, logró que el grupo de supuestos funcionarios y los guardias nacionales, frustrados, se retiraran del lugar.
Ahora, vecinos actuales y futuros, permanerán vigilantes para impedir acciones similares.
