Desmoralizar, para desanimar y desesperar, de eso se trata. La alocución de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral debe ser leída como parte de una estrategia consistente del gobierno dirigida a la desmoralización de la mayoría ciudadana que quiere cambio, mediante la intimidación continuada y calculada, para que pierda la fe en el voto como herramienta y en la democracia como método, se desmovilice en una proporción suficiente y, en sectores minoritarios, se desespere y cometa alguna locura. Un acto que podría calificarse, sin exageración, como de violencia institucional.
Es otra pieza del mismo engranaje, y por eso no mueve la mayoría del CNE una pestaña aún ante violaciones de la letra y el espíritu de nuestro sistema legal y constitucional. Como las advertencias impropias por abusivas del propio Presidente de la República en sus discursos, o las amenazas del tunante y colérico ex mandamás de la Asamblea, o las declaraciones fríamente cínicas del alcalde capitalino y presunto comisario político del CNE, quien alardea de dictar al cuerpo las decisiones que ha de anunciar.
Alguna verdad, sumergida en verdades a medias, mentiras y manipulaciones, fue el núcleo de la exposición de la funcionaria, cuyo evidente ánimo prepotente de mostrar omnipotencia, se evidencia en los extras o figurantes convocados, como altos oficiales militares, magistrados del TSJ, un encuestador de conocida parcialidad, aderezos del funcionariado que llenaba la sala.
Los hechos son que, por encima de todos los obstáculos, el proceso de referendo revocatorio está en marcha. Se trata de un derecho consagrado en la Constitución, no de una amenaza a la estabilidad republicana. Hubo firmas más que suficientes para legitimar la solicitud. Hay que fijar la fecha para la recolección del 20% que hasta el más lerdo sabe que se logrará con creces. El tiempo disponible es más que suficiente. La elección presidencial de 2013, tras la vacante por fallecimiento, fue en treinta y siete días. El referendo para la enmienda de febrero de 2009, pedido por el difunto Presidente, se decidió, organizó y realizó en dos meses y nueve días.
Entiéndase la situación real. Venezuela vive una crisis real, profunda, cada día más grave. Crisis económica, social y política. Con el actual gobierno eso no se va a resolver. Está visto. No sabe, ni quiere, ni puede. Existe un derecho de los ciudadanos, ver los artículos 70 y 72 de la Constitución, a revocar el mandato presidencial. Ahí está el camino para solucionar la crisis que nos agobia. Un camino pacífico, democrático, constitucional y electoral.
La solución no está en la fuerza. La imposición del poderoso o la ira desbocada no traerían salidas, todo lo contrario, empeorarían las cosas. La solución está en el derecho. El derecho como imperio de la legalidad y la justicia. El derecho que tenemos a expresarnos democráticamente y el derecho a exigir que se nos respete ese derecho. Como siempre, el derecho es la solución.
