Cruzar para abastecerse de alimentos y medicinas, reponer inventarios o comprar neumáticos. Los venezolanos que habitan en la frontera con Colombia celebran la reapertura del paso como una oportunidad para mitigar los rigores de la severa escasez que afecta a su país.
Una semana después de que Venezuela y Colombia reabrieran el cruce peatonal en la frontera, cerrada por Caracas hace exactamente un año, habitantes de las zonas limítrofes se muestran esperanzados en que la situación mejorará para ellos.
Antonio Andrade, comerciante de 47 años en la ciudad venezolana de San Antonio (, dijo a la sentirse mucho mejor y «con ganas de seguir trabajando» desde que las autoridades binacionales reabrieron el cruce.
«Tengo un negocio de venta de ropa y el cierre me pegó duro, pero no puedo seguir quejándome. Aunque ahora haya más controles, solo pido que nos dejen trabajar y vivir en paz», afirmó.
Para regular el paso, las autoridades colombianas diseñaron una «tarjeta migratoria», que recoge los datos de identificación, motivos de viaje y autoriza el ingreso a la ciudad colombiana de Cúcuta y otros sectores limítrofes.
Con ocho meses de embarazo, Karla Rosales cruza la frontera a pie para comprar pañales y leche, productos desaparecidos de los anaqueles en Táchira, en medio de un desabastecimiento que afecta a 80% de los alimentos y medicinas en Venezuela, en crisis por el desplome de los precios del petróleo.
Esta repostera de 28 años dice estar «alegre» porque en Cúcuta también puede comprar los ingredientes que requiere para preparar tortas, su fuente de sustento, «aunque salga más costoso por el cambio de la moneda».
Sólo en los tres primeros días de apertura, más de 127.000 venezolanos ingresaron a Colombia -la gran mayoría en busca de alimentos y otros productos-, según Subdirección de Control de Migración colombiana.
Ahora Caracas y Bogotá evalúan abrir el paso para automóviles particulares y vehículos de carga pesada, indispensable para que se normalice la actividad comercial en la frontera, informó esta semana el gobernador de Táchira, José Vielma Mora.
«¿Qué se arregló con esto?»
El presidente venezolano ordenó cerrar la frontera a raíz de un ataque armado contra una patrulla militar venezolana, que dejó tres heridos y que atribuyó a paramilitares colombianos.
Maduro también argumentó que la frontera servía al contrabando -especialmente de gasolina venezolana, la más barata del mundo- y bandas criminales ligadas al narcotráfico, por lo que ahora acordó con Santos intercambiar información aduanera para enfrentar esos problemas.
Pero analistas y sectores políticos de oposición advierten que aún no se ha detenido el contrabando. Por su parte, la patronal Fedecámaras asegura que el cierre ocasionó la quiebra de muchos comercios venezolanos fronterizos, con la pérdida de al menos 15.000 empleos.
Como parte de los operativos de seguridad para desmantelar las mafias fronterizas, las autoridades venezolanas desalojaron y demolieron viviendas construidas en terrenos invadidos.
Una de esas casas pertenecía a Clemencia Suárez, una colombiana de 56 años que llegó hace dos décadas a Venezuela, y es madre de tres hijos. Ahora vive con familiares en una vivienda en San Antonio.
«Para mí esto ha sido una pesadilla. Perdimos todas nuestras cositas y de un día para otro tuvimos que irnos como delincuentes», contó a la AFP.
«¿Con qué dinero vuelvo a levantar una pared? Mi casa no era un rancho, ya teníamos paredes de cemento y fue marcada con una letra (para derribarla). Que alguien me diga qué se arregló con esto», añadió.
El cierre de la frontera provocó la deportación y éxodo de miles de colombianos. Según cifras citadas en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de agosto a septiembre de 2015 1.482 colombianos indocumentados fueron deportados por las autoridades venezolanas y unos 20.000 retornaron por miedo a ser expulsados.
